El Juzgado aparece al final del camino en la enconada negociación entre los administradores concursales del Menorca Bàsquet SAD y las tres instituciones Balear, Insular y Municipal que, en total, adeudan 1,2 millones de euros a la entidad menorquinista ya en plena fase de liquidación. La posición alejada del consorcio, formado por Consell Insular de Menorca y Ayuntamiento, para admitir los 268.000 euros comprometidos por diferentes conceptos, y la falta de respuesta del Govern Balear al que los administradores reclaman 820.000 euros documentados y 121.000 sin documentar, pueden desembocar en un litigio ante el juez que ralentice todavía más el proceso definitivo de disolución de la entidad.
Alberto Baz y Bartolomé Bover, administradores de la SAD desde el pasado 26 de septiembre cuando el juez comunicó la aprobación de la fase de liquidación, admiten que si la negociación no avanza existe ahora la clara posibilidad de demandar a las administraciones "porque no podemos renunciar a todo lo que nos deben en nombre de los acreedores". Bover explica que "estamos dispuestos a negociar pero nos han de ofrecer algo mínimamente razonable como no ha sucedido hasta ahora". El abogado mallorquín tiene claro que "haremos lo posible por llegar a un acuerdo antes que tomar otras medidas, pero no lo haremos a cualquier precio", sentencia.
El plazo para presentar el plan de liquidación ante Víctor Fernández, el juez del Juzgado de Lo Mercantil de Palma, expira el próximo 17 de octubre. Para entonces debería existir un acuerdo respecto a la deuda con las instituciones que se va al 1,2 millones de euros, y una solución para vender los tres solares que la SAD tiene en propiedad en Son Parc.
En un principio, tras la reunión mantenida la pasada semana en el Consell, el consorcio sólo admitió 34.000 euros -25.000 de la subvención por el ascenso en la temporada 2011-12 y 9.000 por el contrato de gestión del Pavelló entre julio y diciembre de 2011. La SAD reclama 268.000 euros que incluyen dos partidas de 42.000 euros, una de Presidencia y otra del consorcio por el contrato de gestión del Pavelló. Ambas, sin embargo, están sin documentar entre otras cosas porque el Consell sostiene que no existía nuevo contrato para la cesión del Pavelló sino que la SAD lo ocupaba en precario al no haberse redactado el nuevo tras múltiples reuniones para alcanzar un acuerdo en torno al coste de su mantenimiento que el club no quería asumir como lo había hecho hasta entonces.
El consorcio, que ha puesto la negociación en manos del abogado externo, Pepe Seguí, ha mejorado mínimamente su propuesta inicial aunque todavía se halla muy alejada de las cantidades que reclaman los administradores concursales. Éstos han hecho llegar una contrapropuesta en las últimas horas, y aguardan respuesta.
El Govern aún debe pronunciarse en torno a la deuda de 820.000 euros que había sido reconocida en su día. Además el Menorca defiende que, a través de Presidencia, se le garantizó otra ayuda de 121.000 euros para la temporada 2011-12, al igual que otros 40.000 euros comprometidos por el Ayuntamiento de Maó. Ninguna de estas cantidades, que ascienden en total a 245.000 euros, está documentada.