Vox no afloja. Tras conseguir la Presidència del Parlament, su primera victoria política frente al PP, ahora quiere seguir negociando para poder alcanzar la que ha sido su exigencia desde el primer momento: tener presencia en el Govern de Marga Prohens. Los representantes de Vox seguirán presionando en esta línea en los próximos días, si bien ayer se dieron un respiro tras la intensa jornada del lunes, que se cerró con un preacuerdo pasadas las 21.00 horas.
Podría decirse que las posturas están como el primer día, con Vox exigiendo presencia en el Govern de Prohens y el PP cerrado en banda a cualquier acuerdo y ese es el dibujo que pretende dejar el partido de Jorge Campos, pero la realidad es que todo se ha movido mucho más de lo que ayer aparentaron los portavoces de la dos formaciones políticas.
Programa y Presidència
El PP ha tenido que ceder en dos de sus posiciones y eso le da ahora más argumentos para mantenerse en una negativa tajante a que Vox entre en el Govern. Las negociaciones comenzaron con la oposición radical de Prohens a ceder la Presidència del Parlament y la oferta de un simple puesto en la Mesa. El PP ha tenido que ceder.
Las negociaciones comenzaron también con la oposición del PP a firmar un acuerdo programático con Vox que suponga un «mercadeo» en la política de los ‘populares', por usar una palabra que ha usado Marga Prohens durante toda la campaña. También el PP ha tenido que ceder en esta cuestión. La tercera exigencia era conseguir el senador autonómico, y eso es algo que se verá en breve.
De momento, lo importante es la existencia de ese documento programático insuflado de la retórica y la prosopopeya de Vox, que, sin embargo, arroja algunas ambigüedades sobre qué significa realmente lo acordado. Pasa en temas sensibles, como la lengua, donde se habla de la «primera lengua», pero también hay amplias lagunas en el significado real de algunas de las cosas que figuran en ese preacuerdo.
Ahí radica la exigencia de Vox para estar en el Govern: quieren vigilar desde dentro que Prohens interpreta el documento en el mismo sentido que ellos.
En el segundo nivel
En el PP, mientras tanto, siguen su camino y ya tienen prácticamente decidido que la investidura comenzará el martes día 27 y que la primera votación se hará al día siguiente. Los partidos tienen de tiempo hasta entonces para negociar.
Con ese cambio que supone haber cedido las dos primeras piezas, el PP se siente ahora con más fuerzas para tratar de vetar la entrada de Vox en el Govern por mucho que los de Campos insistan en ello. La opción que vuelve a haber en el horizonte es una que ya estaba hace unos días en la mesa de negociación: la posibilidad de que haya miembros de Vox en puestos de segundo nivel de la Administración autonómica. El PP se niega por ahora a que haya consellers de Vox, pero también se negaba hasta ahora a que hubiera un president del Parlament de Vox y ayer se eligió a Gabriel Le Senne.
De manera oficiosa, en el PP aseguran que el acuerdo de investidura llegará en breve, esta misma semana e insisten en que las dos cesiones que hicieron el lunes -el cargo en el Parlament y el programa-, les liberan de incorporar a Vox. Sin embargo, eso es algo que, por ahora, no se atreve ni siquiera a asegurar el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo. En su entrevista concedida a la Cadena Ser, Feijóo dijo que el gobierno en solitario no podía asegurarse al cien por cien, pero también dijo más cosas. «No es el 100 por cien escrito por el PP, porque, si no, no sería un acuerdo», añadió aunque, «en términos generales» dijo que le parecía correcto.
Feijóo afirmó que entiende que los dos partidos «tienen avanzadas cosas que no se explicitan en el acuerdo», y eso es precisamente lo que debe cerrarse durante estos días. Feijóo recalcó, en todo caso, que lo que se busca es la investidura, no un acuerdo de gobierno.
A pesar de su renuncia para ser candidato de Vox al Congreso de los Diputados, Jorge Campos sigue tutelando las negociaciones, aunque no esté presente. De hecho, en Vox confirman que algunos de los flecos que quedan pendientes pueden terminar cerrándose en Madrid, en una negociación en la que se habla de Balears, pero también de otras comunidades autónomas, como Extremadura y Murcia, donde no hay acuerdo.