El presidente del Consell de Menorca, Marc Pons, aseguró hoy estar "totalmente convencido" de que finalmente no prosperará la querella criminal interpuesta por el empresario Valeriano Allès contra él y la portavoz del Govern y consellera de Turismo,
Joana Barceló, por un presunto delito de prevaricación, con motivo de la decisión de la institución insular de ordenar en 2007 el derribo de la fábrica de bloques en la cantera de Son Sintes.
En los pasillos del Parlament, Pons recordó que hay "sentencias firmes", que avalan la decisión de denegar la licencia de obras a la empresa Valeriano Allès Canet S.L. para construir una fábrica de bloques en suelo rústico y que fueron emitidas por el Juzgado del Contencioso-Administrativo el 5 de septiembre de 2005 y por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares el 26 de marzo de 2006.
Así, remarcó que "no le preocupa" que el Juzgado haya decidido abrir diligencias previas a raíz de la citada querella criminal, debido a que las mencionadas sentencias ponen de manifiesto que tanto él, que en el momento de los hechos era el conseller insular de Ordenación del Territorio, como Barceló, que ostentaba la Presidencia del Consell de Menorca, actuaron de "manera correcta" cuando denegaron la licencia.
No obstante, anunció que el próximo 5 de marzo, acudirá en calidad de querellado a declarar ante un juez de Mahón con "total transparencia", de modo que anunció que entregará toda la documentación que avalará la citada decisión.
Por su parte, Barceló ya aseguró ayer que acudirá con "total tranquilidad" a declarar, debido a que la decisión de denegar la licencia de obras a la empresa Valeriano Allès Canet S.L fue "avalada" por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares emitida el 26 de marzo de 2006.
En declaraciones a Europa Press, expresó su "máximo respeto" a la Justicia y mostró su "convencimiento" de que tanto ella, como Pons actuaron "ajustándose a pleno derecho" impidiendo la actividad de una empresa en suelo rústico.
No obstante, indicó que no quiere entrar en ninguna "polémica pública", por lo que dijo que se defenderá ante el juez de las acusaciones vertidas por Valeriano Allès, quien, según recordó, ya había anunciado la presentación de una querella criminal durante la campaña electoral de los pasados comicios insulares y autonómicos de 2007.
Concretamente, Barceló y Pons serán interrogados acerca de la decisión adoptada por el Consell de Menorca de resolver el expediente de restitución de la legalidad urbanística el pasado 21 de diciembre de 2007 y de instar a la empresa Valeriano Allès Canet S.L. a derribar las edificaciones construidas sin licencia y a paralizar su actividad.
No obstante, el origen del conflicto se remonta al 2004, cuando el Ayuntamiento de Ciutadella no actuó, después de que la citada empresa solicitara la licencia de obras para construir una fábrica de bloques en suelo rústico.
En aquel momento, tal y como prevé la normativa, la empresa planteó una denuncia de mora ante el reiterado silencio administrativo del Ayuntamiento, hecho por el cual el Consell de Menorca fue el encargado de dar respuesta a la solicitud de licencia.
Finalmente, la institución insular resolvió denegar la licencia el 15 de noviembre de 2004, alegando que el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella y el Plan Territorial Insular no permiten la ubicación de instalaciones industriales en suelo rústico.