El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró ayer que se ha reforzado "expresamente" la Fiscalía Anticorrupción en Balears ante el aumento de los causas judiciales abiertas debido a la investigación de casos de presunta corrupción política. En la actualidad, señaló el alto cargo del Gobierno, trabajan 55 fiscales en las Islas, y la plantilla ha aumentado "para que puedan llevar a cabo su tarea con todos los medios, y si fuera necesario incrementarla", añadió Caamaño, "lo estudiaríamos con la Fiscalía General del Estado".
Caamaño realizó estas declaraciones durante el acto de colocación de la primera piedra del nuevo edificio de juzgados de Maó, al que también asistió el delegado del Gobierno en Balears, Ramon Socias, quien ha admitido que las Fuerzas de Seguridad en las Islas están desbordadas, trabajando a las órdenes de fiscales y jueces para desentrañar las tramas de presunta corrupción que centran la actualidad de la Comunidad Autónoma. En este sentido, el titular de Justicia manifestó que "las cuestiones vinculadas con la corrupción son siempre una muy mala noticia para la democracia, porque afectan a la legitimidad misma de la convivencia colectiva".
Según Caamaño, el Gobierno socialista ha adoptado una serie de medidas "inequívocas" para la lucha contra la corrupción, entre ellas la modificación del Código Penal. "Se prevén penas de cárcel para todas las personas incursas en causas de corrupción, queremos sancionarlas de verdad, sobre todo cuando esas personas son responsables públicos", aseguró el ministro.
En estos casos, subrayó Francisco Caamaño, "yo creo que no sólo debe caer sobre ellos toda la severidad de la ley, sino también, cuando esto ocurra, los ciudadanos, que en democracia se pronuncian a través de los votos, debieran manifestarlo también con sus opciones y decisiones políticas, en defensa de sociedades en las que los corruptos no tengan lugar ni las prácticas de esa naturaleza".
Sobre los medios judiciales para luchar contra la corrupción, el ministro aseguró que también se han llevado a cabo planes de refuerzo desde la Administración de Justicia, especialmente con la dotación de más jueces y secretarios judiciales "que eran necesarios".