El PSM se ha desmarcado de su socio de gobierno en el Consell por el caso de Son Quim, el negocio participado por el socialista Josep Carretero que obtuvo la declaración de interés general por parte de la institución insular para ampliar sus actividades comerciales. Los nacionalistas emitieron ayer un comunicado en el que solicitan rigor en la concesión del interés general para autorizar actividades en el suelo rústico.
Los nacionalistas aseguran que "no compartimos el uso o abuso que se pueda hacer de la declaración de interés general para autorizar actividades en suelo rústico, cuando éstas se pueden desarrollar en suelo urbano, como es el caso de la actividad comercial al por menor". Cabe recordar que Son Quim obtuvo la declaración para ampliar la actividad de venta de piensos (que ya existía) y pasar a comercializar también productos al por menor.
Es en este punto donde los nacionalistas entienden que no tiene sentido recurrir a una declaración de interés general (que concede el departamento de Ordenación del Territorio) para autorizar esta actividad en suelo rústico.
El PSM pone de manifiesto en su comunicado que no tuvo conocimiento del expediente de declaración de interés general "hasta que llegó al departamento de Economía y Medio Ambiente del Consell (gestionado por Antònia Allès) para el informe preceptivo". En cuanto este hecho se produjo, se redactó este documento. El martes, el Consell emitió una nota de prensa justificando el interés general, e hizo referencia al informe del área de Allès para asegurar que la declaración no se supeditó al mantenimiento de la venta de piensos. A partir de este informe, la nota de prensa del Consell aseguraba que "la resolución prevé la eventualidad de que se deje de vender piensos y esta condición se fundamenta en el informe técnico que a su vez la recoge del informe elaborado por el departamento de Agricultura (el de Antònia Allès)". En este sentido, desde el PSM responden que "este informe en ningún caso habilita o da cobertura para justificar el interés general". Explican los nacionalistas que "el informe decía que, al no tratarse de una explotación agrícola o de una actividad vinculada a la explotación, no era un asunto de su competencia (del área de Agricultura), a la vez que manifestaba que si se acababa modificando el uso, se debería dar de baja del correspondiente registro el uso anterior".