Menorca es uno de los muchos puntos del país desde los que salieron a mediados de la década transferencias de efectivo para financiar las patentes de un revolucionario invento: un ingenioso aparato cierralatas que obró el milagro de reunir a decenas de fieles budistas de toda España en torno a la creencia común de triplicar su inversión en sólo tres meses. El ingenio, que sería bautizado como 'el hilo abridor', debía resolver el dilema que durante años ha traído de cabeza a los fabricantes de todo el mundo –cómo cerrar una lata, una vez abierta-. Sin embargo, para su desgracia, ninguna multinacional acabaría mostrando interés en el invento y los ahorros de los crédulos budistas se perderían para siempre.
La investigación sobre el presunto fraude millonario cometido contra unos 70 fieles del centro budista de Pedreguer, en Alicante, sigue abierta, después de más de cinco años. En este proceso, están implicados el matrimonio compuesto por Genoveva Serra y el alemán Klaus Dieter Zorn, así como un amigo de infancia, el médico José Manuel Sánchez Ruano. Están acusados de engañar a multitud de fieles del centro Sakya Drogön Ling a los que pidieron financiar la patente del invento, un aparato para cerrar las latas una vez abiertas. Sin embargo, tal como constató en su día el Juzgado de Denia que lleva la investigación, la citada patente nunca fue concedida.
Tanto Serra, a la que el afán inventor le viene de familia (su abuelo patentó el cambio de marchas de las bicicletas en 1934), como su marido y Ruano fueron detenidos y estuvieron tres meses en prisión, de donde salieron tras el pago de sendas fianzas. La Justicia bloqueó además todas sus cuentas bancarias y les embargó sus propiedades.
El Juzgado de Denia constató en su día que los imputados –el matrimonio y el médico- "habrían obtenido de manera fraudulenta transferencias de efectivo procedentes de diversos puntos de la geografía española", entre ellos La Rioja, Valencia, Barcelona, Castellón, Granada, Lleida, Zaragoza, Tarragona, Girona, Guipúzcoa, Alicante, Eivissa y Menorca. En total, la presunta estafa afectaría "a una pluralidad de personas, hasta el momento al menos 70". Las diligencias practicadas por el Juzgado número 4 de Denia pusieron de relieve que Genoveva Serra "habría presentado una solicitud de patente de invención en la Oficina Española de Patentes". José Manuel Sánchez Ruano, "sirviéndose de la confianza que en él depositaban los miembros de la filosofía budista, fue obteniendo cantidades ingentes de dinero, más de 1.800.000 euros, para financiar una patente que nunca fue concedida, a pesar de que los perjudicados creyesen lo contrario". Éstos –insiste el Juzgado- actuaron con la idea de que esa financiación les iba a reportar beneficios". "Los tres imputados –según el juez- se habrían quedado, en definitiva, con una importante cantidad de dinero estafada a una pluralidad de perjudicados que residen en diversas localidades de toda la geografía española". Las cantidades obtenidas de forma fraudulenta proceden, pues, de varias provincias españolas. El juicio sigue pendiente de celebración.
En un reportaje publicado hace algo más de dos meses por el diario "El País" sobre el timo del 'cierralatas', los inventores de la idea, Klaus Dieter Zorn y Genoveva Serra, explicaron que vendieron en 2004 la patente a José Manuel Sánchez Ruano, un ex directivo del centro budista de Pedreguer. Éste se habría encargado de buscar financiación entre sus compañeros de rezo con la promesa de que iban a ver multiplicada por tres su inversión en tres meses, tiempo suficiente para que una multinacional comprase la idea. Eso nunca pasó. El 2 de agosto de 2005, Genoveva Serra y su marido, Klaus Zorn, fueron abordados por agentes de la Policía Nacional cuando salían en coche de su vivienda, en las inmediaciones del antiguo hospital de la Pedrera de Denia. Dos días después, la juez Laura Alabau ordenó el ingreso en prisión del matrimonio, que pasó tres meses en Foncalent compartiendo celda con el tercer detenido por este caso, José Manuel Sánchez Ruano. El Juzgado número 4 de Denia acordó bloquear todas sus cuentas bancarias y embargar las dos viviendas que el matrimonio posee en el pueblo. Desde entonces, una y otra vez, Genoveva y Klaus han insistido en que fueron detenidos simplemente porque vendieron algo y que no tenían ni idea que budistas de diversos rincones de España habían invertido en el negocio.
Ante la gran cantidad de dinero que era necesaria para registrar la patente a nivel internacional, el matrimonio, según su versión, vendió dos patentes al médico budista Sánchez Ruano por 2,4 millones. Por eso, no entiende que el juez lo involucre en la presunta estafa. El ex directivo del centro budista de Pedreguer explicó, por su lado, que quería utilizar el dinero para curar la diabetes de su hijo con un costosísimo tratamiento que sólo se aplica en Rusia. Aunque compró las patentes y las puso a su nombre, dice que siempre pensó que se trataba de un negocio al 50%. Jura que todo lo que recaudó entre los fieles del templo lo fue ingresando en las cuentas del matrimonio Serra-Zorn. Más de doscientas personas, casi todos budistas, llegaron a firmar contratos, según "El País", con el médico.
El Supremo manda seguir la investigación en Denia
El Tribunal Supremo ha resuelto que la investigación del presunto fraude millonario a la comunidad tibetana debe seguir en Denia. El alto tribunal rechaza así la pretensión del Juzgado de Instrucción número 4 de esta localidad de que la Audiencia Nacional asumiera el caso. El Juzgado de Denia se inhibió en noviembre de 2007 a favor de la Audiencia Nacional, al entender que no era su competencia juzgar un caso de estafa masiva que afectaba a personas de varias provincias españolas. El Juez Grande-Marlaska argumentó dos años después que tampoco era competencia suya, por lo que ha sido el Supremo el que ha resuelto finalmente este conflicto negativo de competencias entre Juzgados. En el auto, que lleva fecha del pasado 1 de julio, los magistrados establecen que los hechos, "tanto por su montante –cuantía global de 1.800.000 euros a dividir entre 70 perjudicados- cuanto por su dinámica comitiva –se remiten cantidades desde los lugares de los perjudicados a un punto común de recepción, lo que lleva a afirmar que se consuman en un mismo territorio (…)- no permiten afirmar ni una complejidad en su investigación ni una trascendencia económica", que justifique la atribución competencial a la Audiencia Nacional.