El Real Aeroclub de Mahón se verá obligado a acudir a los tribunales en un último intento de evitar pagar la multa de 135.000 euros impuesta por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) debido a las labores de vigilancia forestal realizadas entre 2005 y 2008, y que motivaron una denuncia ante el Ministerio de Fomento por parte de la Asociación Española de Compañías de Trabajos Aéreos (AECTA). Las conversaciones entre el presidente del Consell, Marc Pons, y la consellera de Cooperación Local, Susana Gomila, con la secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, y el director general de Aviación Civill, Manuel Ameijeiras, dirigidas a intervenir en el conflicto a favor del aeroclub, y lograr que se retire o se suavice la sanción, al tratarse de un convenio para la prevención de incendios y no de una actividad comercial, han fracasado.
Tal y como ha informado este martes el gobierno insular, los responsables del Ministerio aseguran que la resolución sancionadora es firme y ejecutiva, por lo que el procedimiento administrativo ha concluido y AESA insite en que la actividad realizada por la entidad aeronáutica era de naturaleza comercial, por lo que da la razón a la asociación de empresas AECTA, que consideró los vuelos de vigilancia forestal como intrusismo en el sector. Durante los encuentros mantenidos con los representantes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tanto los miembros del Ejecutivo menorquín como el presidente del Real Aeroclub, José Luis Barrero, han negado de forma rotunda la existencia de una relación comercial entre el Consell y la entidad. Los vuelos de los pilotos del aeroclub eran voluntarios y servían de apoyo a las tareas de vigilancia forestal realizadas cada verano por el helicóptero del Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT).