El presidente del Consell, Marc Pons, ha declarado hoy que ha dado órdenes a los servicios jurídicos de la institución insular para poner a disposición de la Fiscalía los expedientes de cada una de las contratas adjudicadas esta legislatura a Construcciones Olives con el fin de que analice y valore la legalidad del procedimiento empleado.
Pons ha afirmado que no está dispuesto a consentir las difamaciones vertidas estos días por un medio de comunicación contra el Consell y su presidente, ni tampoco "la falta de ética ni el juego sucio del PP", al insinuar ambos un posible trato de favor hacia una constructora para obtener a cambio un beneficio económico. "Creo que utilizar la difamación como estrategia de confrontación, no sólo de cargos públicos sino también de sus familiares, es una manera poco práctica de hacer política", aseveró Pons, sin descartar recurrir a la vía judicial para defenderse de las acusaciones, aunque aseguró que, más que entrar en una batalla de querellas, su máximo interés es reforzar la "honorabilidad de la institución y del su presidente".