El presidente del Consell, Marc Pons, declaró ayer que ha dado órdenes a los servicios jurídicos de la institución insular para poner a disposición de la Fiscalía los expedientes de cada una de las contratas adjudicadas esta legislatura a Construcciones Olives con el fin de que analice y valore la legalidad del procedimiento empleado.
Pons afirmó que no está dispuesto a consentir las difamaciones vertidas estos días por un medio de comunicación contra el Consell y su presidente, ni tampoco "la falta de ética ni el juego sucio del PP", al insinuar ambos un posible trato de favor hacia una constructora para obtener a cambio un beneficio económico.
"Creo que utilizar la difamación como estrategia de confrontación, no sólo de cargos públicos sino también de sus familiares, es una manera poco práctica de hacer política", aseveró Pons, sin descartar recurrir a la vía judicial para defenderse de las acusaciones, aunque aseguró que, más que entrar en una batalla de querellas, su máximo interés es reforzar la "honorabilidad de la institución y de su presidente". Para ello, insistió en que el Consell pondrá a disposición de la Fiscalía los expedientes de las adjudicaciones a fin de constatar que en todo momento ha existido un "estricto y absoluto cumplimiento" de la normativa vigente en los contratos del sector público. Al respecto recordó que el PP formó parte de la mesa de contratación para la adjudicación del servicio de conservación y mantenimiento de las carreteras a la UTE-Innovia-Construcciones Olives.
El presidente hizo hincapié además en que el Consell es una de las pocas instituciones donde la oposición forma parte de la mesa de contratación y tiene acceso a todos los informes, "algo que no debemos de olvidar en un momento en que se siembran dudas que llegan a la difamación".
No obstante, criticó que desde hace apenas un par de meses los populares han dejado de asistir a dichas mesas a pesar de existir el acuerdo unánime del pleno insular para que la oposición participara en ellas. "Su obligación es controlar el ejercicio de la acción de gobierno y no realizarlo es hacer dejación de sus funciones y nosotros queremos que asistan porque es la mejor prueba de transparencia en la adjudiciación", resaltó Pons.
El presidente también tachó de "falsas" las acusaciones sobre el nepotismo imperante en el PSOE realizadas por el secretario general del PP, Miquel Ramis. El dirigente popular señaló ayer desde Palma que el caso de Menorca no es aislado y puso de manifiesto las adjudicaciones de contratos a empresas en donde los cónyuges de los presidentes de los consells tienen un peso importante, en referencia a la pareja sentimental de Francina Armengol, presidenta del Consell de Mallorca; y a la imputación del presidente del Consell de Eivissa, Xicu Tarrés.
"¿Estamos ante un modus operandi del PSOE? ¿Estamos ante un manual de estilo del PSOE?", se preguntó Ramis al tiempo que pidió la intervención de la Fiscalía.
En respuesta a estas críticas, el presidente Marc Pons, subrayó que no permitirá que el Consell de Menorca sea utilizado por el PP de Palma como herramienta para "tapar la herencia de corrupción y de mal gobierno" de los populares.
Pons también aseveró que la relación contractual de su mujer, María Isabel Oliva, con Construcciones Olives S. L. finalizó el mes de marzo y defendió su trabajo ya que como cualquier otro profesional tiene derecho a ejercer y crecer en su profesión.
"Mi mujer es ingeniera de obras públicas y tengo que respetar que pueda ejercer su carrera como especialista en seguridad y salud, siempre cumpliendo la más absoluta legalidad. Una sociedad que no permita que ella crezca profesionalmente es una sociedad que no me gustaría para Menorca", concluyó.