La Conselleria de Ordenación del Territorio estudia en la actualidad la denuncia interpuesta ante la institución insular por la sociedad Immobles Quintana S.A, contra la pareja de cantantes Victor Manuel y Ana Belén por las irregularidades cometidas en la construcción de una piscina en su chalé del puerto de Maó. Fuentes del Consell informaron ayer que la denuncia entró por registro el pasado 10 de noviembre y el día 15 cursó a su vez entrada en el departamento insular de Ordenación del Territorio.
La sociedad sostiene que se ha dado amparo legal a unas obras sirviéndose de una autorización del Consell de 2003 que ya habría caducado al tener una validez de sólo seis meses. En consecuencia, en opinión de Immobles Quintana S.A la licencia municipal otorgada a los artistas por el Ayuntamiento de Maó sería nula. Al respecto el alcalde de la localidad, Vicenç Tur, declaró ayer que el procedimiento seguido en este caso se ha llevado a cabo "con absoluta pulcritud".
La inmobiliaria denuncia además que en la ejecución de la piscina no se ha respetado la utilización del espacio de dominio público marítimo-terrestre, y se han efectuado diversas modificaciones del proyecto sin la preceptiva autorización del Consell.
El antecedente de invasión de suelo público
La nueva polémica se suma a la retahíla de incidencias que desde los años ochenta han acompañado esta propiedad. La más relevante se refiere a la escritura de la propiedad. El Tribunal Supremo permitió en 1995 a Rosa Pasarius recuperar un tercio del chalé que sus hermanos Mateo e Ignacio vendieron en 1986 "mediante un procedimiento irregular" a Víctor Manuel y Ana Belén.
Otra de las polémicas fue el derribo y posterior construcción de la vivienda. Algunas fuentes aseguraron que los cantantes pagaron 18 millones de pesetas por la parcela de 307 metros cuadrados emplazada en el paraje de La Solana, donde existía una construcción original, "Sa Caseta" que fue totalmente demolida a pesar de que Víctor Manuel y Ana Belén sólo tenían licencia municipal para efectuar reformas sobre aquel inmueble. También se acusó a los artistas de invadir terreno municipal.
El alcalde Borja Carreras-Moysi, contestó entonces en relación a las irregularidades que la infracción de demolición completa aprovechando una licencia de rehabilitación era bastante corriente y perfectamente legalizable con el pago de la multa correspondiente.
En cuanto a la invasión de terreno municipal el alcalde disculpó la falta apelando a la desordenada parcelación que caracterizaba la zona de Sant Antoni del puerto de Maó, donde las viviendas fueron surgiendo sin responder a criterios de planificación. De esta manera quedó zanjada una polémica cuya solución quedó en manos de la voluntad municipal.