La expropiación de los terrenos de Santa Rita, con un valor inicial de 2.309.447 euros, tendrá un coste final para las arcas del Ajuntament de Ciutadella de 3.250.000 euros, según revelaron ayer la alcaldesa Pilar Carbonero y la teniente de alcalde de Hisenda, Joana Gomila.
El sobrecoste de 940.000 euros -en un cálculo conservador realizado por la edil del PSM- viene motivado por la doble penalización que suponen para el Ajuntament de Ciutadella los intereses de demora así como los intereses derivados de la ocupación de los terrenos sin haber pagado a los propietarios.
El gobierno municipal de PSOE-PSM ha decidido pagar esta elevada cantidad mediante un plan plurianual, hasta 2015, al carecer de liquidez para cancelar la deuda. Durante el trienio 2010-12 se abonará el coste de los viales y Santa Rita I, mientras que en el trienio 2013-2015 se pagarán los de Santa Rita II.
Este año se abonarán los primeros 647.812 euros, de los que 600.000 corresponden a un préstamo concertado para atender este compromiso y los otros 47.812 proceden de la venta de patrimonio municipal. Las previsiones del gobierno local para este año consistían en un millón de euros, de los que 400.000 correspondían a la venta de patrimonio del Ajuntament, pero sólo se han podido conseguir 47.812.
La alcaldesa explicó que se prioriza el pago de los terrenos ya ocupados y destacó que «los precios para los terrenos de Santa Rita no son definitivos, porque hemos abierto la vía de la lesividad para pagar un precio justo, y por ello esperamos que los valores sean revisados».
El precio mínimo de acuerdo por parte de los cinco propietarios de Santa Rita es de 60 euros/metros cuadrado. Para los viales se abonan 10,57 €/metro cuadrado.
Sin informes técnicos
Carbonero y Gomila se mostraron muy críticas con el anterior gobierno del PP, y concretamente con la entonces teniente de alcalde de Hisenda, Antònia Gener, a la que acusaron de haber presentado en el pleno celebrado en septiembre de 2006 la propuesta para pagar 60€/m2, «sin ningún informe ni justificación técnica, que fue aprobada por los once concejales del PP».
«Los cuatro años de gobierno del PP se caracterizaron por la defensa de los intereses de algunos particulares y por actuar en contra del interés general», aseveró la alcaldesa. Añadió que «la obligación del Ajuntament consiste en defender el dinero de todos los ciudadanos y pagar lo mínimo posible».
PSOE y PSM constatan con preocupación que los propietarios de otras siete parcelas calificadas como equipamiento por el Plan General han pedido ser expropiados. Hay dos casos que se deberán provisionar, con un coste aproximado de 500.000 euros, que corresponden a un terreno situado junto al Institut Maria Angels Cardona y otro junto a la piscina municipal.
Auditoría
El equipo de gobierno aún no ha concluido la valoración de la auditoría encargada sobre la gestión económica del anterior Ajuntament gobernado por el PP.
Joana Gomila avanzó que «la conclusión de este estudio económico-financiero revela que se gastó en exceso, y que no se respetó la naturaleza ni el destino aprobado para las partidas presupuestarias, con significativas desviaciones».