La Conselleria insular de Ordenación del Territorio planteará al Govern la necesidad de ampliar el plazo de adaptación de las urbanizaciones a las exigencias de conexión a un sistema de alcantarillado que establece la Ley 10/2010, de 27 de julio.
La aplicación de dicha normativa, que incluye medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de urbanismo, supondría la paralización de la concesión de licencias de obras y de cédulas de habitabilidad para viviendas unifamiliares aisladas en aquellas zonas que no cuenten con la infraestructura de saneamiento. Y el plazo fijado por la Administración para que eso pueda ocurrir es de dos años a partir de la entrada en vigor de la ley, por lo que expiraría en agosto de 2012.
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