El futuro de la fábrica de Quesería Menorquina está condicionado por la continuidad de Kraft como cliente y por la reversión de la hipoteca bancaria de 15 millones de euros, además de la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), según afirmó ayer Jesús Villar, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO. Además, anunció la posibilidad de emprender acciones legales contra Nueva Rumasa por su gestión al frente de la empresa.
Jesús Villar señaló que el objetivo de los trabajadores de Quesería Menorquina había sido desvincular definitivamente a Nueva Rumasa de Quesería Menorquina, y concretamente a Carcesa como propietaria de las acciones. Era un primer paso obligatorio para ganar la confianza de los clientes perdidos y para poder captar otros nuevos, además de mejorar la financiación de la empresa para poder hacer frente a los proveedores y las nóminas de los trabajadores. En este sentido, Villar aseguró que "era un paso imprescindible para luchar por la continuidad de la empresa, que ha tenido una muy buena acogida, al generar un incremento del volumen de trabajo y una buena disponibilidad de los clientes perdidos, por lo que de forma paulatina aumentará la carga de trabajo, al poder adquirir la materia prima".
El sindicalista reiteró que Kraft no puede desligarse del futuro de la empresa que gestionó hasta su venta al conglomerado empresarial de Ruiz Mateos e incidió en el papel determinante que representa para garantizar la viabilidad del negocio. Así, aseguró que "Kraft es casi imprescindible para el futuro de la empresa, todavía tiene las responsabilidades intactas, y ha demostrado una mejor disponibilidad"
Villar no quiso precisar el montante total de la deuda que arrastra Quesería Menorquina, que calificó de "muy fuerte", aunque se mostró optimista para afrontar la misma con el diseño de un plan de viabilidad de la empresa. "Ahora no es el momento de dar información sobre la deuda de la empresa, nuestros esfuerzos se dirigen a cerrar la operación de compraventa de la fábrica y a incrementar la producción. Es una deuda que se puede superar con un plan de viabilidad, no es un lastre para impedir la continuidad de la fábrica", aseguró.
No obstante, Villar relacionó el optimismo a la hora de enjuagar la deuda con la reversión del crédito hipotecario que, por importe de 15 millones de euros, Nueva Rumasa concertó con el Banco Santander y que afecta a las instalaciones de la fábrica ubicada en el Polígono Industrial de Maó. "Consideramos que la hipoteca del Banco Santander es reversible, es una cuestión necesaria y posible, por lo que esperamos que la Justicia se pronuncie en este sentido", aseguró.
Por otra parte, Villar aseguró que el sindicato acudirá a los Tribunales para exigir responsabilidades a Nueva Rumasa por la gestión empresarial realizada en Quesería Menorquina que ha derivado en un concurso de acreedores. Así, afirmó que "CCOO presentará acciones judiciales contra Nueva Rumasa de todo tipo en el momento procesal oportuno. Ahora estamos volcados en el cien por cien en garantizar la viabilidad de la empresa. Si se derivan responsabilidades penales o administrativas que se dé traslado a la Fiscalía, si no lo hará el sindicato en su momento".
Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de Quesería Menorquina, Antonio Olives, anunció el acuerdo alcanzado con la administración concursal para solicitar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que afectará al 85 por ciento de la plantilla, es decir a 140 de los 176 trabajadores que forman la plantilla, y durante un tiempo máximo de seis meses. En este sentido, Olives señaló que "el expediente se caracterizará por su flexibilidad, por lo que los trabajadores afectados se han comprometido a reincorporarse al trabajo en el momento en que se produzca un incremento de la producción. Además, la duración del expediente no será uniforme para los trabajadores, sino que se ajustará a las necesidades de la actividad de la fábrica". Asimismo, el presidente del comité de empresa aseguró que se están realizando gestiones para que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) abone las nóminas que el personal tiene impagadas.