Los industriales afectados por el impago de la reforma de Can Saura y la empresa constructora que fue subcontratada siguen sin cobrar el dinero que reclaman a la UTE adjudicataria. Según fuentes consultadas, la deuda global podría ascender a un total de 600.000 euros, de los cuales 220.000 euros corresponderían a las pequeñas empresas.
Se trata de una cantidad que está reclamada judicialmente con demandas interpuestas contra la UTE por Obras Vinent Juanico, Fusteria Vinser, Benejam Refrigeració y Arcs Curvats.
Esta deuda condiciona el preceptivo informe de final de obras para que Can Saura pueda abrir sus puertas, tras años en obras y meses de permanecer cerrado el edificio después de haberse finalizado la reforma. La dirección facultativa precisa de los certificados de materiales de la obra para certificar el final de la reforma, una documentación que los industriales afectados y el subcontratista no harán efectiva hasta que se aseguren el pago de la deuda. Sin el final de la obra, tampoco se puede contratar el suministro eléctrico para el abastecimiento del edificio.
Los empresarios afectados han mantenido un primer contacto con el nuevo equipo de gobierno del PP para transmitir su preocupación por los impagos, que amenazan la supervivencia de estas pequeñas empresas.
Según los documentos de los afectados, la UTE Edificaciones Ramos-Torrent Coll-Bartomeu Ramon ha cobrado 2,8 millones de euros del Govern balear, pese a que sólo ha pagado 2,4 millones. Por tanto, se presenta un presunto desfase de 400.00 euros. En este sentido, los afectados aluden a que en el anterior mandato presentaron diversas instancias en las que advertían al anterior equipo de gobierno de que no pagara de más a la UTE respecto de lo que había pagado a los subcontratistas. Entre tanto, la UTE ha solicitado al Govern el cobro de un 20 por ciento más del presupuesto por el sobrecoste de las obras y para dejar liquidada la reforma de Can Saura. En este punto, los afectados temen que la situación de concurso de acreedores o la petición de preconcurso de las empresas que integran la UTE interfiera en el cobro de la deuda contraída.