Un año. Ese es el plazo que se da la Conselleria de Educación para decidir qué solución ofrece al conflicto de intereses sobre el Colegio de Sa Graduada. Es el mismo tiempo en el que se espera que finalicen las obras del nuevo centro, que se construye en la zona del Camí d'en Guixó y cuya estructura ya está completa y levantada.
El delegado de la Conselleria en Menorca, Julián Hernández, aseguró ayer que no hay nada decidido todavía sobre Sa Graduada, ni su traslado ni su continuidad. "Antes había unas ideas y ahora otras", afirmó Hernández, "pero hay que estudiarlo". Y es que mantener la escuela de la Avenida Josep Maria Quadrado de Maó fue uno de los compromisos electorales adquiridos por el PP, ahora en el gobierno municipal, y los padres que se oponen al traslado, organizados en el colectivo Centre Viu, cuentan con el apoyo explícito del teniente de alcalde de Educación del Ayuntamiento de Maó y conseller balear de Administraciones Públicas, Simón Gornés.
No obstante el delegado de Educación admitió que la solución es compleja, porque la continuidad del colegio en el centro de Maó abrirá nuevos interrogantes, sobre la futura ubicación de la Escuela de Adultos Joan Mir i Mir y la redistribución de los alumnos de Educación Infantil y Primaria, ya que para el curso 2012-2013 se espera que estén disponibles las aulas del colegio del Camí d'en Guixó, que será de dos líneas.
"Tenemos un año por delante para estudiar y consensuar con los padres de Sa Graduada y con la Escuela de Adultos a ver qué hacemos", explicó el delegado de Educación, quien añadió que "no quiero prometer nada que no pueda cumplir, vamos a estudiar la forma de beneficiar al máximo de gente posible".
Mientras, las obras del edificio del nuevo colegio siguen al ritmo previsto y se han certificado en un 27 por ciento, según indicó Hernández. Un ritmo que la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Juan Mora S.A. y Dragados S.A., adjudicataria de la construcción del nuevo colegio, ha garantizado pese al retraso del Govern en la cesión del crédito al Ayuntamiento para hacer efectivos los pagos correspondientes a las certificaciones que la empresa ya ha presentado, y cuya cuantía está en torno al millón de euros. El futuro centro escolar permitirá aliviar la masificación de otros colegios del municipio.