El Ayuntamiento de Ciutadella saldrá mañana del Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico. La propuesta del equipo de gobierno en este sentido será apoyada por UPCM, y así se sumará la mayoría absoluta necesaria para consumar una salida que el alcalde De Sintas ya insinuó semanas atrás en declaraciones a este periódico.
Ahora, la propuesta se ha concretado después de que un informe jurídico confirmara lo que el Partido Popular se temía: el importe de las sanciones económicas que imponga el consorcio en concepto de infracciones cometidas en territorio de Ciutadella no se podrá ingresar en las cuentas del Ayuntamiento.
Esta cuestión adquiere especial trascendencia por el estado de la gran mayoría de los expedientes urbanísticos en rústico que había tramitado el Consistorio antes de que, durante el mandato de PSOE y PSM, entrara en el Consorcio. La gran mayoría de estos expedientes ha caducado -según el portavoz de UPCM, Joan Triay, lo han hecho todos-.
Con el Consistorio integrado en el Consorcio, Ciutadella no tiene ninguna potestad para reiniciar estos expedientes, según consta en el informe jurídico, puesto que cedió las competencias al Consorcio, y cualquier expediente que se retomara en estas condiciones sería, concluye el informe, nulo de pleno derecho. Por lo tanto, si se quisieran sancionar las infracciones, debería ser el Consorcio quien lo hiciera, pero entonces el importe de las multas no volvería a Ciutadella, sino que iría a las arcas de este ente supramunicipal.
"Si el Consell no nos da garantías de que ese dinero vuelve a Ciutadella, no nos queda otra que salir del Consorcio y que sea la empresa que gestiona la disciplina urbana en suelo urbano la que asuma también el suelo rústico", asegura el alcalde de Ciutadella, José María de Sintas.
En juego está algo más de un millón de euros, que es el importe aproximado de las sanciones económicas pendientes de cobrar por infracciones en suelo rústico ciutadellenc.
De Sintas ya ha informado al presidente del Consell de la intención del Ayuntamiento de Ciutadella, y añade que "esta no es una decisión que se base en un afán recaudatorio, pero no podemos mantener una situación en la que algunos preveían ingresar más de un millón de euros por infracciones en suelo rústico, y al final apenas se ingresaban unos miles de euros", señala en referencia a la gestión de Pilar Carbonero al frente del área de Urbanismo.