El Ministerio Fiscal solicitó ayer una sentencia absolutoria para el acusado de un delito de estafa y otro de falsedad documental durante la ejecución de un trabajo de construcción en una promoción de tres chalets en la zona de Binibèquer, en Sant Lluís. La Fiscalía estimó, en el juicio celebrado por la Audiencia Provincial en el Juzgado de Instrucción número uno de Maó, que los delitos no quedaron probados por la acusación particular y que la vía penal no era el cauce apropiado para dirimir el litigio que, tal y como argumentó asimismo la defensa del acusado, ya había sido "discutido" y "desmenuzado" en un pleito anterior por el procedimiento civil.
Los hechos juzgados se remontan al año 2004, cuando J.M.P.B. realizó unos trabajos de impermeabilización y aislamiento térmico de las tres viviendas, para lo cual, según su testimonio ante los magistrados de la Audiencia, subcontrató a otra empresa, Pinturas y Estucos Isla, S.L., que a su vez compró el material –consistente en losa filtrón R-8 gris-, a la firma Interper Española, S.A., por un importe de 16.103 euros. Dicha mercantil reclamó el cobro del pedido a Pinturas y Estucos Isla, cuya administradora a su vez, L.P.M., actuó como acusación particular contra el empresario responsable de la obra de impermeabilización, J.M.P.B., al considerar que su sociedad había resultado perjudicada con esta operación.
El acusado, según se recoge en el escrito de conclusiones de la Fiscalía, procedió a cobrar por la instalación del material la cantidad de 6.015 euros y emitió la factura correspondiente a nombre de la empresa de su suegro, D.T.A., también citado ayer a declarar como testigo, con quien además de compartir parentesco participaba como socio en otras empresas constructoras.
Durante el juicio, al que también se interrogó como testimonios al que fuera gerente de Pinturas y Estucos Isla en 2004 y al arquitecto de la obra, así como a un tercer testigo mediante videoconferencia, el letrado de la acusación mantuvo la existencia de versiones contradictorias del acusado durante el procedimiento civil y el penal, incurriendo así en falsedad testimonial, así como de "tejemanejes" durante la operación de compraventa del material, con la emisión de una factura "falsa" para poder cobrar "engañando a las personas en la obra". La defensa por su parte pidió la absolución de su cliente y además la imposición de las costas procesales a la acusación.