El Ayuntamiento de Maó respondió ayer al informe de la UIB sobre el topónimo de la ciudad que concluye que Maó no puede decidir sobre la 'h'. A través de un comunicado, el equipo de gobierno del Consistorio señala que dicho informe "no aporta nada nuevo" salvo "el oportunismo" de sumarse a una polémica a la que el Consistorio mahonés "no le ha invitado".
No obstante, el equipo de gobierno, reconoce a la Universidad el papel que le otorga el Estatut d'Autonomia y la ley de normalización lingüística, así como el papel que las instituciones le otorgan.
El comunicado remarca asimismo que el Ayuntamiento de Maó "jamás ha propuesto alterar la más estricta legalidad". Afirma que cualquier decisión sobre el topónimo exige la modificación previa del artículo 14 de la LNL de 1986.
"Queremos hacer constatar, sin embargo, que la ley 20/2006 municipal y de régimen local de Balears, en su artículo 10, dice que por acuerdo de la mayoría absoluta del pleno se puede aprobar o modificar el escudo, el himno o la bandera municipal, o alterar su denominación, aspecto que parece olvidar el informe de la UIB".
El escrito continúa recordando que el equipo de gobierno no ha propuesto "cambiar" el topónimo sino declarar la cooficialidad entre el topónimo en catalán y el topónimo en castellano, y que se decida mediante consulta la forma en catalán. Asevera que esta posición es coherente con el programa electoral con el que el PP llegó a la institución municipal.
"La consulta popular responde a una expresión amplia de participación ciudadana y viene motivada por la petición de cuatro mil vecinos, cuya propuesta y toma en consideración merece todo el respeto", añade el comunicado.
El el equipo de gobierno señala igualmente que existe un "argumento moral de respeto profundo" a la opinión del pueblo mahonés, "que no puede callarse sino todo lo contrario". Resalta que la polémica se ha crispado en otros territorios, "en Maó, donde realmente interesa, el ciudadano espera y confía en la decisión de un Ayuntamiento elegido por la más amplia mayoría de la actual etapa democrática".
Finalmente asegura que el gobierno local "tiene otras prioridades" entre las que ésta no figura a corto plazo.