Resignados. Así se mostraron ayer los ciudadanos de Alaior ante el aumento que el Ayuntamiento aplicará a partir de 2012 del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que pasa del 0,54 actual al 0,64.
El acto público celebrado ayer en el Centro de Cultura Sant Diego ante un centenar de personas pretendía dar a conocer a la población la situación económica del municipio y los motivos reales que han llevado al equipo de gobierno a tomar la "impopular" decisión de aumentar el IBI, una actuación que supondrá una "bofetada para todos los alaiorenses", según la alcaldesa, Misericordia Sugrañes, "pero que debíamos tomar para garantizar el correcto funcionamiento del municipio, supone mantener un tipo impositivo moderado, igual a la media de ayuntamientos de la Isla", explicó.
La situación esgrimida por el equipo de gobierno municipal dejó preocupados a los ciudadanos quienes escuchaban detenidamente y sin pronunciar palabra las conclusiones de la auditoría externa elaborada por esPúblico.
Joan, uno de los asistentes, se mostró especialmente preocupado de cara a las acciones de futuro, en materia de impuestos, que el Ayuntamiento puede verse en la necesidad de aplicar si la situación no remonta. Así, este ciudadano ejemplificó la subida con un recibo de un familiar indicando que la mayoría de jubilados con un pensión limitada "ya van a tener dificultades para hacer frente al pago del impuesto de 2012, y más aún con la actualización del valor catastral".
Concepción indicaba al término de la exposición que "la subida del IBI nos perjudica a todos porque la población también tiene problemas de liquidez pero la exposición deja patente una lamentable gestión del anterior equipo de gobierno y nos tenemos que conformar con lo que nos toca ahora". Aun así, esta ciudadana recordó las cifras expuestas sobre la deuda de los contribuyentes que asciende a 3,8 millones de euros, concentrado básicamente en este impuesto, "lo que significa que muchos no podrán pagar tras la subida". Esta ciudadana echó en falta a su vez a "algunos miembros de los partidos de la oposición puesto que son responsables de la situación actual".
Por su parte, Josep lamentaba tener que llegar a esta situación 'in extremis' por "una mala gestión heredada". Antoni aconsejaba a los populares tomar otro tipo de iniciativas que no redunden todas en "la reducción del gasto" sino más bien en un "incremento de los ingresos" puesto que con esta gestión peligran las partidas dedicadas a inversión. "Si llega una cuantía de otra administración con la que el Ayuntamiento debe hacer una aportación, por pequeña que sea, deberá renunciar a ella y no nos va a beneficiar", indicaba.
Conclusiones de la auditoría
La concejal de Hacienda, Juana Maria Pons, informó a los ciudadanos que la deuda viva a finales de 2012 ascendía a 9,1 millones, un 92,3 por ciento de los recursos cuando el límite legal máximo es del 75 por ciento. Además, a finales de 2010, el Ayuntamiento debía a proveedores seis millones de euros, el 30 por ciento de ellos anteriores a 2010 y el 70 por ciento restante relativos al año pasado. La liquidación de 2010 muestra a su vez una inestabilidad con un importe negativo de 1,7 millones, es decir un déficit anual del 14 por ciento, superando el límite del déficit del 5,5 por ciento establecido. Y respecto a la deuda que tienen los contribuyentes de 3,8 millones de euros, el 41 por ciento del mismo es anterior al 2007.
"El estado de las cuentas es crítico" indicaba una ciudadana por ello, propuso al equipo de gobierno que "revisara" la plantilla de personal que, según esta alaiorense, "cuando vas al Ayuntamiento no ves más que gente y más gente y además, te hacen ir de un lado a otro".
El concejal de Recursos Humanos, Arturo Pons, recordó la aprobación en el último pleno del plan estratégico para reestructurar la actual plantilla así como la denuncia de los dos convenios colectivos para negociar un nuevo marco de relaciones laborales puesto que el "actual está desfasado", puntualizó.
Lluís, otro ciudadano, preguntó por la opinión de la oposición y anterior equipo de gobierno, poniendo en duda que las versiones tuvieran algo que ver. La nota divertida a una exposición un tanto tensa la puso Joan quien propuso sin pelos en la lengua que los policías se desplazaran a pie por el municipio.
El Ayuntamiento no ingresa ni para pagar el gasto corriente
Las previsiones de cobros y pagos que el Ayuntamiento de Alaior calcula que tendrá a final de año no da cabida más que al pago de intereses de sentencias y a personal. "No hay ni para pagar el gasto corriente del Ayuntamiento", aseveraba la concejal de Hacienda, Juana Maria Pons. Así, el Ayuntamiento calcula ingresar 2,2 millones de euros procedentes del padrón, de la participación en ingresos del Estado, tesorería e ingresos de ejecutiva de años anteriores.
Esta partida, según resaltó la concejala de Hacienda, solo da para pagar las nóminas de personal (730.000 euros), la seguridad social (290.000 euros), las retenciones del IRPF (70.000 euros), amortizaciones e intereses (815.000 euros) y la sentencia de Llucalari (300.000 euros) además de otros gastos varios que ascienden a 50.000 euros.
Estos capítulos dejan entrever que el gasto corriente no tiene cabida "y la caja del Ayuntamiento está vacía", explica. La situación fue tildada por la concejala de Hacienda de "ahogo" y de no tener "margen de maniobra posible".