Los vendedores ambulantes de Menorca han reclamado este martes al Govern la aprobación de un decreto que regule su actividad y permita la consolidación profesional del sector, tal y como ha señalado la presidenta de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Menorca (AVAM), Montserrat Carbonell.
En esta línea, exigen una reunión urgente con el director general de Comercio y Empresa del Ejecutivo autonómico, César Nuño Pacheco, con el objetivo de forzar el despliegue reglamentario de la Ley de Comercio que evite la entrada en vigor de la directiva europea de Servicios en el Mercado Interior, conocida popularmente como directiva Bolkestein.
"Llevamos desde el mes de mayo solicitando este encuentro y todavía no nos han dado una fecha concreta", ha lamentado Carbonell, quien denuncia que la adaptación de la normativa europea supondría una puerta abierta a la desregularización, incluyendo la posibilidad de traficar con licencias. "En el caso de que se aplique esta directiva de la UE, perderemos los derechos de antigüedad", ha indicado la presidenta de AVAM.
Hasta el momento, según ha recordado, a los vendedores que cumplían con sus pagos se les renovaba la licencia anualmente mientras aquellos que desearan obtener una nueva plaza en un mercado ambulante debían inscribirse en una lista de espera mientras que la normativa europea establece que el procedimiento de selección debe regirse por garantías de transparencia e imparcialidad y estipula que la autorización no debe tener una duración concreta o renovarse automáticamente.
Carbonell ha considerado "necesario" tomar cartas en el asunto al finalizar próximamente las prórrogas de aplicación de la normativa de la UE otorgadas por algunos Ayuntamientos de la Isla ante la petición de AVAM. "Llevamos dos años negociando con el Govern, el Consell y los Consistorios, pero aún no se ha solucionado la falta de regulación", ha denunciado la presidenta.
Por todo ello, AVAM ha iniciado una campaña de recogida de firmas con la finalidad de dar a conocer a los ciudadanos su situación y reclamar una regulación autonómica del sector.