La comisión de Asuntos Institucionales del Parlament balear aprobó ayer una proposición no de ley presentada por el PP, en la que insta al Ministerio del Interior a suspender el traslado de nuevos presos a la cárcel de Maó.
Esta iniciativa, defendida por el diputado Alejandro Sanz, recoge los mismos acuerdos aprobados, a propuesta del Partido Popular, por el pleno del Ajuntament de Maó el pasado 14 de octubre.
Los portavoces de los tres grupos parlamentarios -PP, PSOE y PSM-IV-ExM y Més per Menorca- coincidieron en pedir al ministerio la creación de un módulo especial para los internos de la prisión en el hospital Mateu Orfila con el objetivo de mejorar los controles de seguridad y evitar los problemas de seguridad que se han registrado en este centro hospitalario.
Éste fue el único punto de la proposición en el que los grupos se pusieron de acuerdo, ya que en los otros puntos, los dos grupos de la oposición, el PSOE y el PSM, votaron en contra, aunque la propuesta fue aprobada íntegramente gracias a la mayoría del Partido Popular.
Alejandro Sanz denunció que la cárcel de Maó ha incrementado la inseguridad en la ciudad y que se destinan más policías para cuidar el perímetro del centro penitenciario que a la seguridad ciudadana.
«Esta situación -dijo Sanz- fue denunciada por el PP hace ya muchos meses, sin que el director insular del Estado en Menorca, el Consell Insular o el Ajuntament de Maó, gobernados entonces por el PSOE, tomaran en consideración esta amenaza. Desgraciadamente, los hechos nos han dado la razón».
El diputado del PP-Menorca volvió a cuestionar la ubicación del centro penitenciario, situado junto a la carretera Maó-Sant Lluís, a poca distancia de instalaciones deportivas y al lado de la casa-cuartel de la Guardia Civil, donde residen cincuenta familias.
Esta proposición no de ley aprobada ayer insta al Ministerio del Interior a paralizar el ingreso de nuevos presos hasta que no se hayan solucionado los problemas de seguridad y a que incremente la presencia policial en Maó.
Sanz afirmó que, en su origen, este centro penitenciario debía tener 60 plazas, pero cuenta con 246. Se anunció que sólo alojaría presos de Menorca cuando se trasladan detenidos de otros lugares.
El diputado del PSM Joan Manel Martí negó que en Menorca exista un incremento de delitos por la cárcel y en su intervención criticó que el PP relacione la presencia del centro penitenciario con el aumento de la delincuencia.
Martí añadió que las cifras sobre inseguridad en las que se basaba la proposición no de ley del PP tienen como referente artículos de prensa y no datos oficiales. El diputado nacionalista señaló que una prisión es, principalmente, un centro de reinserción social, el principal objetivo del sistema penitenciario, tal como lo establece la ley.
Con J. Manel Martí coincidió el diputado del PSOE-Menorca Damià Borrás, quien negó que se haya producido un incremento de delitos en Menorca. Al contrario, afirmó, la delincuencia ha disminuido en la Isla.