"La situación económica del Consell ya es mala de por sí, y ahora queda muy tocada por la sentencia". Así recibe el presidente del Consell, Santiago Tadeo, la decisión del Tribunal Supremo adelantada ayer por este periódico que obliga a la institución insular a pagar una indemnización de entre 16 y 35 millones de euros a una promotora -Cesgarden- a quien la aprobación del Plan Territorial Insular (PTI) modificó sus expectativas edificatorias en Son Bou. La decisión del Tribunal Supremo de no admitir el recurso presentado por el Consell para intentar cambiar el sentido de una sentencia previa ha puesto a la institución insular en una situación muy comprometida, por lo cual el actual presidente no descarta que alguien tenga que asumir alguna responsabilidad en este caso.
"Si hay responsabilidades tendrán que depurarse. Los gobiernos anteriores tomaron unas decisiones que ahora tienen unas consecuencias económicas muy duras para el Consell y de difícil solución", asevera Tadeo. El dirigente se refiere a los políticos que aprobaron, en el año 2003, la normativa urbanística insular, con sus efectos sobre las expectativas urbanísticas de diferentes promotores. Tadeo deja el tema en mano de los servicios jurídicos del Consell, que serán los encargados de determinar si alguien debe dar alguna explicación, así como también de hallar la fórmula para hacer frente al pago de esta indemnización, cuyo montante máximo podría suponer la mitad del presupuesto de la institución de este año.
Ayer, Tadeo quiso relacionar la sentencia del caso Cesgarden con la decisión de la oposición en el Consell de abandonar el pleno del pasado lunes precisamente para que no se votara una modificación del PTI. "Ayer (por el lunes) por querer discutir en plenario un punto que implicaba una posible sanción por parte de la Unión Europea precisamente por una decisión del PTI, vimos como un ex equipo de gobierno se levantó y se ausentó del pleno. A esta gente les pediría responsabilidades, que hagan autocrítica, que piensen qué hicieron mal con el PTI y por qué tomaron según qué decisiones. Levantarse de un plenario en el que se intentaba evitar una sanción europea precisamente por culpa del PTI demuestra la oposición que se está haciendo en este momento en el Consell. Viendo estas actitudes, no me extraña que los que hace cuatro días nos gobernaban tomaran decisiones sin seguridad jurídica, lo que nos ha llevado hasta aquí".
Más allá de posibles responsabilidades, la papeleta del Consell consiste ahora en analizar cómo hacer frente a una sentencia que, según lo dictado por el Tribunal Supremo, es firme y no cabe otra cosa que acatarla. Así lo entiende el presidente del Consell, Santiago Tadeo, aunque el conseller ejecutivo de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, no se muestra tan tajante. Huguet asegura que "ahora mismo no descartamos nada y analizamos todas las posibles vías de actuación, incluido un posible recurso por la vía judicial, aunque todo está en manos de los servicios jurídicos". Huguet afirma que "haremos todo lo posible por defender los intereses del Consell, que no son otros que los intereses de todos los menorquines". A la hora de definir la hoja de ruta para conseguir este objetivo, el responsable de Ordenación del Territorio apunta que sus máximas serán "la discreción y la prudencia".
SIN ENTRAR EN el fondo
Tal como adelantó ayer este periódico, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Consell sin entrar en el fondo del mismo, simplemente por un defecto de forma en su presentación. En este sentido, el presidente del Consell confiesa que "es algo que me llama la atención", pero también en este asunto está a la espera de lo que le digan los servicios jurídicos. "Como yo no soy jurista, serán los servicios jurídicos los que deberán valorar la sentencia y comprobar si las cosas se hicieron bien o no. Yo soy político, y me corresponde hacer cumplir la sentencia y que repercuta lo menos posible sobre los menorquines", concluye el presidente del Consell.