El sector de la construcción considera inviable que la administración sufrague proyectos de obra pública a través de pagos en especie, al menos para cubrir el cien por cien del coste de la actuación, ya que las empresas carecen de liquidez y no podrían asumir los gastos que comporta una obra. Esta fórmula únicamente podría plantearse para pagar una parte del montante total del proyecto.
Desde la Asociación de Empresas de la Construcción y Promotores de Menorca, su presidente, Nicolás Bosch, señalaba ayer que la iniciativa de pagar a través de patrimonio municipal, ya sean parcelas o edificios, es buena. Sin embargo, no la considera viable. "Es una buena idea, pero la mayoría de constructores que hacen obra pública disponen de solares y casas y no consiguen quitárselas de encima".
Por ese motivo, "a los promotores y los constructores no les interesa cobrar en especie, necesitan liquidez, porque necesitamos comprar material y eso no se puede pagar con un solar".
Aún así, esta opción no es descartable al cien por cien, ya que podría tenerse en consideración en aquellos casos en que la Administración contemplara pagar con patrimonio municipal únicamente una parte del proyecto en cuestión. "Cada proyecto es diferente, si hablamos de una cantidad líquida importante se podría estudiar, pero no será posible si se pretende pagar mucha parte con fincas", matiza Bosch.
Falta de crédito
El presidente de la agrupación de constructores asociada a PIME, recuerda que actualmente hay un problema en el sector inmobiliario. "Nosotros tenemos parcelas y edificios en venta pero no podemos venderlos porque tenemos una competencia, los bancos, que también tiene sus pisos, y estos no dan créditos a la gente que quiere comprarnos a nosotros, pero sí que los dan para que la gente les pueda comprar sus fincas", denunció. Por eso "no podemos desprendernos de lo que tenemos", concluye.
Esta opción de pagar en especie la obra pública es posible desde el 17 de febrero, cuando, atendiendo a una propuesta del alcalde de Es Mercadal, el Govern la incluyó en el decreto ley 2/2012 sobre medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible que promulgó.