El Consell no da por perdido el caso Cesgarden, y seguirá luchando en los tribunales para evitar la indemnización millonaria que las últimas decisiones judiciales le obligan a pagar a la promotora por los efectos de los cambios de ordenación urbanística introducidos por el Plan Territorial Insular (PTI). Tal como ha venido informando este periódico, la última sentencia de este caso desestima un recurso presentado por el Consell, al entender que se presentó con defectos de forma. Ahora, la institución insular ha decidido recurrir esta última decisión y se ha solicitado la nulidad de la sentencia, así como la suspensión de la ejecución de la misma com medida cautelar.
El abogado que en este caso representa al Consell, Luciano Parejo, confirmó ayer a este periódico la presentación del recurso. "El objetivo es que el Tribunal no se quede en las formas, y que entre en el fondo del recurso para valorar si el Consell actuó correctamente o no", asegura. En este sentido, se confirma lo que él mismo ya había anunciado a través de estas páginas, cuando aseguró que, al contrario de lo que opinaban algunas fuentes, aún era posible evitar la indemnización millonaria, que asciende a 16,1 millones de euros más los intereses de demora. Parejo aseguró que el Tribunal Supremo había aplicado unos criterios "discutibles" para desestimar el recurso, y añadió que la elevada carga de trabajo de los organismos judiciales había hecho que los jueces aplicaran criterios más restrictivos a la hora de admitir recursos.
Ahora, el Consell está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo, que no dictará sentencia hasta dentro de unos meses, avanza Parejo. El abogado aseguró en su día que, además de la vía del Supremo, el Consell también tendría disponible el Tribunal Constitucional para seguir batallando la sentencia judicial antes de darla por perdida.