El Consejo de Ministros ratificó ayer lo que Mariano Rajoy había avanzado el miércoles en el Congreso de los Diputados: los funcionarios se quedarán este año sin paga extra de Navidad y además, perderán la mitad de los días de libre disposición que tenían hasta ahora. Los funcionarios menorquines se lanzaron ayer a la calle para expresar su rechazo a unas medidas que se suman a otras aplicadas últimamente y que han inyectado un gran malestar entre este sector.
"Somos el sector más vulnerable", comentaba ayer un representante sindical, afirmando que la clase política acude a ellos con excesiva facilidad cuando hay que hacer recortes. Actualmente, añade, la materialización de los ajustes depende de la administración en la que trabaje cada funcionario. De todos modos, y después de lo aprobado ayer, los empleados del sector público acumulan una bajada del sueldo decretada por el gobierno anterior de Rodríguez Zapatero, que de media fue de un 5 por ciento. A esto hay que añadir la congelación de las nóminas acumulada durante varios años, lo que se ha traducido en pérdida de poder adquisitivo. Los trabajadores del centro penitenciario de Menorca, por ejemplo, aseguran que los trabajadores públicos han perdido un 21 por ciento de capacidad de gasto en los últimos tres años.
Los recortes supusieron también el aumento de la jornada laboral, pasando de 35 a 37,5 horas semanales, aunque este incremento no se aplica en varias administraciones porque aún no se ha negociado entre gobernantes y trabajadores. Sea como sea, los funcionarios afirman que esta medida supone en la práctica una reducción de salario, porque si se trabajan más horas por un mismo sueldo, la hora trabajada se paga más barata.
En algunas administraciones, especialmente a Ayuntamientos, también se ha optado por reducir las ayudas sociales que tenían concedidas los funcionarios, y en algunos casos se pretenden eliminar algunos complementos salariales (pluses) por conceptos como la productividad. Algunos representantes sindicales advierten que esta situación de incertidumbre y temor a nuevos recortes provoca un desencanto en los trabajadores que, finalmente, repercute en una menor productividad, porque se trabaja con menos ganas que antes.
Además, los trabajadores públicos lamentan el daño que, entienden, se ha causado a su imagen pública, puesto que se ha transmitido la sensación de que son unos privilegiados y, en algunos casos, unos vagos. En este sentido, los representantes sindicales aseguran que "no solamente hay que mirar si tenemos a los funcionarios adecuados. También hay que ver si tenemos a los mejores políticos".