La deuda de las distintas administraciones públicas de Menorca asciende a unos 120 millones de euros, o lo que es lo mismo más de 1.300 euros por habitante censado. A esta cifra, que fue ofrecida el martes por el economista menorquín Guillem López Casasnovas en el marco de la cuarta edición del Foro Menorca Illa del Rei, habría que sumarle la parte proporcional de la deuda que manejan otras administraciones superiores como son el Govern balear o el Gobierno de España.
El Consell se ha convertido en la administración propiamente insular con un mayor nivel de deuda, en concreto 37 millones, según López Casasnovas. Esta preocupante situación viene propiciada, y agravada, por las peculiaridades de un ente público que al carecer de escasísimos ingresos propios depende muchísimos de transferencias de administraciones superiores (es el caso de 46 de sus 50 millones de euros presupuestados en gasto corriente), que en estos momentos tienen sus arcas si cabe más maltrechas. Expone López Casasnovas que el Consell cuenta además con seis millones de euros de costes financieros y amortizaciones, y ocho millones de remanente de tesorería negativo.
Lógicamente, por cuestiones de censo, las otras dos administraciones locales menorquinas con mayor nivel de deuda son los ayuntamientos de Maó y Ciutadella, con un pasivo de 19 y 26 millones de euros respectivamente. Así las cosas, entre el Consell y estos dos consistorios suman dos terceras partes de la deuda total de la administración pública propia menorquina, 82 de 120 millones de euros. Según las notas de López Casasnovas, en el otro extremo se encuentran los ayuntamientos de Es Migjorn Gran, con una deuda de medio millón de euros, y Ferreries, que roza los doce millones.
El propio economista advierte, no obstante, que cada administración tiene su peculiaridad, por lo que el trato en cada caso debe ser distinto y las recetas a plantear diferentes. Aún así apunta algunas cuestiones, como el avance hacia la eficiencia para que, por ejemplo, no se acaben utilizando partidas de otros conceptos de capital para acabar pagando gasto corriente, o lo que es lo mismo, las nóminas de los empleados públicos. Ante esto, los consistorios deben avanzar en su saneamiento, dijo el ponente, puesto que esta es una cuestión de sentido común.
López Casasnovas, cabe recordar, señaló en el Foro Menorca Illa del Rei que las administraciones públicas menorquinas no tienen un compromiso muy firme de transparencia, y que controles como el envío de las actas de los plenos a la Delegación del Gobierno o la labor de la Sindicatura de Cuentas, que recibe la documentación de los ayuntamientos con bastante retraso, acaban siendo testimoniales.
Vulneración de la ley
Exige López Casasnovas a los ayuntamientos que utilicen la financiación mediante deuda para proyectos evaluados y de coste beneficio probado, y que nunca hay que ampliar plantilla sin contar con recursos garantizados, precepto legal cuya vulneración por distintos caminos ha llevado a las administraciones locales a la situación actual.