La delegación especial de Economía y Hacienda en Balears ha hecho pública una resolución por la que comunica el inicio del expediente de prescripción de depósitos, correspondientes a los años 1973 a 1983 y que suman la cantidad de 156.829 euros. Dichos depósitos fueron realizados en su mayoría por particulares, pero también por administraciones, empresas privadas y una congregación educativa y religiosa entre otros.
La lista de titulares de depósitos se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado día 24 y los titulares de los resguardos realizados en efectivo tienen ahora el plazo de un mes (a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio oficial) para presentar una reclamación y justificar que mantienen el derecho a seguir en propiedad de los depósitos. De lo contrario, la sucursal en Balears de la Caja General de Depósitos los declarará como bienes abandonados por sus dueños y el dinero será adjudicado al Estado.
La cifra, nada desdeñable y que equivaldría a unos 26 millones de las antiguas pesetas -los depósitos se realizaron antes de la entrada en la Unión Monetaria Europea y la puesta en circulación del euro-, se la quedará el Estado en aplicación de la normativa vigente, que establece el plazo de 20 años para la presunción de abandono de los efectos y el metálico depositados en la Caja General de Depósitos.
Al igual que la cuentas corrientes o cualquier imposición o valor depositado en entidades del sistema financiero, dichas cantidades pasan a pertenecer a la Administración General del Estado una vez transcurran 20 años sin que sus titulares hayan practicado alguna gestión que implique el ejercicio del derecho de propiedad.
La Caja General de Depósitos, dependiente del Ministerio de Economía, se encarga de recepcionar, guardar y devolver los depósitos y garantías que se constituyan en los servicios centrales y en sus sucursales a favor de la Administración Central, otras administraciones públicas y, en algunos supuestos, la Comunidad Europea.