Seguramente a la hora en que ustedes lean este periódico, los portavoces de los cuatro partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Ciutadella ya se habrán reunido en el Consistorio. De hecho, están citados a las siete y media de la mañana por parte del equipo de gobierno para analizar, con carácter de urgencia, las condiciones que el Ministerio de Hacienda impone al Ayuntamiento después de que Madrid pagara las facturas pendientes a los proveedores del Consistorio ciutadellenc.
La situación es tan delicada que la de ayer fue una jornada repleta de reuniones, llamadas telefónicas y rumores. El equipo de gobierno se reunió a las cinco de la tarde en la sede del Partido Popular, y a las siete y media se convocó una junta de urgencia para analizar con los afiliados esta cuestión y también la renovación de la directiva (que se hará el 30 de noviembre).
Todo apunta a que el Ministerio obligará al Consistorio a devolverle el dinero prestado (unos seis millones de euros) en un plazo mucho más corto del previsto. Algunas fuentes apuntaban incluso a un periodo de entre 30 y 36 meses.
De todos modos, el contenido exacto de la misiva del Ministerio de Hacienda no trascendió. Al cierre de esta edición, ninguno de los integrantes del equipo de gobierno había ofrecido explicación alguna sobre la carta. Solamente se notaba que la cosa es preocupante y algunos aseguraban que las consecuencias podrían ser impredecibles. Todo parece depender de la Junta de Portavoces de esta mañana.
Si finalmente es cierto que el plazo para devolver el dinero adelantado por Madrid a los proveedores se acorta, esto afectará de manera muy significativa a las arcas municipales y a los presupuestos para el próximo año que están ya en fase de redacción y que ya se intuían duros.
Cabe pensar que si se tienen que devolver unos dos millones de euros anuales, el Ayuntamiento de Ciutadella deberá optar o bien por un recorte drástico de los servicios prestados, o bien por un incremento de los ingresos. De hecho, esta era la disyuntiva que ya se planteó cuando en junio, el equipo de gobierno intentó pactar con UPCM un plan de austeridad de urgencia para poder entrar en la segunda convocatoria del plan Montoro.
En ese momento, el equipo de gobierno planteó un recorte de los gastos, pero quería complementar esta medida con un incremento de los ingresos mediante una subida de impuestos. Éste fue el punto que impidió el acuerdo, puesto que UPCM se opuso tajantemente a cualquier aumento de la carga impositiva y apostó por otras vías como la recaudación efectiva de la sobreocupación de la vía pública o la optimización de la plantilla municipal evitando así contrataciones externas onerosas.
Ayer por la tarde, los portavoces de los tres partidos de la oposición desconocían con exactitud la situación del Ayuntamiento. Solamente sabían que se les había convocado de urgencia para hablar, intuían, del plan de austeridad. No obstante, algunos recordaban que si no se aprobó el plan de ajuste no fue por culpa de la oposición, dicen, sino por la precipitación del equipo de gobierno y su falta de flexibilidad.
Cabe recordar, en este sentido, que el PP tuvo hasta dos ocasiones para intentar aprobar este plan de ajuste, una en marzo y la otra en junio.