La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está investigando la denuncia interpuesta contra los administradores de la industrial bisutera, Juan Valera S.A., por haber cesado la actividad de la sociedad alegando su insolvencia, mientras que por otro lado se creó otra marca para seguir sirviendo sus productos a sus clientes, utilizando maquinaria supuestamente embargada y con la mano de obra de varios operarios que teóricamente habían sido despedidos pero que siguieron trabajando tras el cierre.
El pasado 17 de abril, los administradores de Juan Valera S.A. tramitaron ante la Consellería de Treball la documentación para el cierre definitivo de la empresa, acabando con las cerca de nueve décadas de actividad de una de las sociedades más destacadas de la bisutería menorquina. Ese cierre implicó el despido del personal que todavía estaba en plantilla, y que había sobrevivido a un Expediente de Regulación de Empleo que en verano de 2010 sirvió para echar a 31 de sus 60 operarios.
La denuncia
Sin embargo, tras el cierre, varios extrabajadores comprobaron que los últimos seis empleados que teóricamente habían sido despedidos, seguían acudiendo a la empresa, en horario laboral habitual. Su tesis era que estaban trabajando en una de las dos naves que hasta la fecha habían acogido a la empresa Juan Valera, pero que eran titularidad de uno de sus principales clientes.
Así, en la denuncia, interpuesta por Francisca Cortès, miembro del comité de empresa (CC.OO), ésta señala que varios trabajadores seguían trabajando mientras esperaban la indemnización por parte del FOGASA (por la insolvencia de la empresa), utilizando maquinaria que se había sacado de la nave propiedad de Juan Valera S.A., después de que hubiera sido embargada por sus deudas acumuladas.
Inspección de Trabajo aceptó la denuncia el 21 de octubre, y según varios extrabajadores, desde esa fecha ha solicitado la comparecencia de los operarios que siguieron trabajando para los administradores de Juan Valera tras el cierre.
Sin embargo, todo apunta a que la investigación sigue en marcha pues, como sucede cuando se interpone una denuncia, aún no se ha remitido la resolución del caso a la demandante.