El borrador del anteproyecto de la Ley Reguladora de la Ordenación y el Uso del Suelo simplifica y racionaliza el planeamiento y la gestión urbanística con el objetivo de "facilitar y dar viabilidad a los aspectos que estén relacionados con la economía", pero también es "más rigurosa y contundente ante las infracciones".
El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, explicó ayer "por primera vez en público" los ejes vertebradores de este borrador ante los alcaldes, representantes de partidos políticos y de las organizaciones CAEB y GOB, los colegios oficiales de arquitectos, aparejadores y arquitectos técnicos, así como la Asociación de Empresas de Construcción y Promotores de PIME y la Asociación Hotelera de Menorca.
El responsable del ramo destaca que el texto introduce como novedad la comunicación previa para la obra menor, un mecanismo que permite iniciar una obra que no requiere de proyecto técnico antes de tener licencia. El documento especifica que el solicitante podrá comenzar las obras a los quince días de presentar la comunicación previa.
El Ayuntamiento dispondrá de diez días desde esta presentación para comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos. Aunque esta novedad fue acogida muy satisfactoriamente por el sector implicado, algunos ayuntamientos ya avanzaron ayer durante la jornada explicativa que la concesión de una licencia por obra menor no requiere ni estos quince días que plantea la ley. Propusieron reducir el plazo marcado (estas dos semanas) para conseguir esta agilización.
Asimismo, Company apuntó que los consells podrán aplicar esta comunicación previa a otro tipo de obras, si así lo consideran conveniente. Es en este sentido que Company aseveró que el anteproyecto "no lo regula todo" y deja algunos flecos sin resolver puesto que "no queremos entrar en conflicto con los consells ni ayuntamientos". Por su parte, el responsable de Agricultura también quiso puntualizar que "el Govern no será más permisivo con esta ley sino que seremos más rigurosos con la legalidad".
Por otra parte, la normativa especifica que deben someterse a la inspección periódica de construcciones y edificaciones aquellos inmuebles con una antigüedad superior a 35 años y en los municipios con población superior a 25.000 habitantes. La jornada sirvió ayer para solicitar que la antigüedad estipulada pueda someterse a una revisión puesto que "es demasiado corta", señalaban desde el Ayuntamiento de Ciutadella.
Gabriel Company dejó claro que las cuestiones que tienen que ver con el suelo rústico no se abordan en este anteproyecto puesto que "vendrán en una segunda fase". No obstante, sí que hay una regulación en aquellos aspectos que se refieren a la disciplina urbanística. En este sentido, en aquellas acciones que se desarrollen sin licencia y en suelo rústico, el Consell podrá adoptar medidas cautelares de suspensión "de manera inmediata".
Por primera vez en Balears la futura ley contempla la prescripción de las ilegalidades urbanísticas. La amenaza de sanción se extingue a los ocho años de concluir la construcción aunque la obligación de demoler en zonas protegidas continuará como hasta ahora, sin fecha de caducidad.
El director general de Ordenación del Territorio, Joan Mesquida, explicó ayer que el anteproyecto toma el espíritu de la ley de 1976 y, además, destacó que aglutina y deroga una docena de normes para "concentrarlas en una sola".