Más de doscientas voces clamaron ayer en el centro de Maó a favor de la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la paralización inmediata de los desahucios, reivindicaciones recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, respaldada por un millón y medio de firmas, inició el pasado martes su tramitación parlamentaria y que tiene el próximo 7 de marzo otra prueba de fuego: el debate para la aprobación de la ley por la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, a la que se sumaría la ILP.
Concentrados en la plaza Colón en respuesta al llamamiento hecho a nivel nacional por la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH), que bajo el lema "Por el derecho a una vivienda y contra el genocidio financiero" se dejó oír en medio centenar de ciudades españolas, decenas de menorquines escenificaron de forma unánime su rechazo a la "sangría que supone la aplicación de una ley hipotecaria injusta y anómala".
"No tiene ningún sentido que los bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle". Con esta frase los representantes de la PAH en Menorca arrancaron las primeras reacciones de los asistentes que al grito de "¡bien dicho!" mostraban su respaldo inequívoco a esta causa social. Un apoyo que se cargó de emotividad cuando recordaron las 420.000 ejecuciones hipotecarias y los 222.000 desahucios contabilizados en los últimos seis años en España. "Son sencillamente intolerables", remacharon.
Es bien sabido que esta problemática ha calado hondo entre la ciudadanía. Posiblemente por escenificar como pocas el origen y las consecuencias de esta grave crisis económica. Espoleada por una indignación creciente, ha saltado a las calles, donde se ha hecho visible y desde donde los activistas, cada vez más numerosos, siguen reclamando "una solución justa y urgente". Es decir, una nueva ley que incorpore "sin rebajas" el redactado de la ILP y cuya aplicación sea inmediata.
El compromiso de la plataforma con las personas que han perdido sus casas o corren el riesgo de perderlas es total. Hasta el punto de advertir que no se quedarán "de brazos cruzados" ante una eventual marcha atrás en el Congreso de los Diputados. "Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para que se apruebe la ILP sin ninguna rebaja. Si no lo hacen les señalaremos como responsables del genocidio financiero que estamos sufriendo y deberán atenerse a las consecuencias", advirtieron para acto seguido anunciar un incremento de "las acciones de denuncia y desobediencia civil" y una intensificación de "las campañas de recuperación de pisos vacíos en manos de entidades financieras".
Pocos fueron los responsables políticos que escucharon "in situ" este aviso. Y es que entre el numeroso y heterogéneo grupo congregado ayer a mediodía en la plaza Colón no había ningún representante de los dos grandes partidos, PP y PSOE. En cambio sí se dejaron ver miembros de Esquerra de Menorca, EQUO y los sindicatos.
"Cada partido sabrá el grado de responsabilidad que tiene en todo lo que está sucediendo", comentaron desde la PAH. "Nosotros contamos con la legitimidad que nos da el pueblo porque se ha demostrado que la adherencia a esta causa trasciende el partidismo", prosiguieron. Y saben cómo hacer valer su fuerza. Quedó probado en esta afirmación de uno de los asistentes: "Los políticos solo responden a la presión popular y extrema".
Son conscientes de lo difícil que es que la ILP salga adelante en los mismos términos que se planteó inicialmente, pero no están dispuestos a ceder. "Ahora hay que morder el hueso duro y si hace falta iremos en paralelo", comentaron en referencia a las acciones anunciadas de desobediencia. Preguntados sobre la naturaleza de las mismas, especificaron: "Este acto mismo, esta concentración la hacemos sin ningún permiso, porque la causa lo vale, porque es una demanda de la sociedad civil que ahora está a la vanguardia en la exigencia de derechos colectivos".
A la espera de saber cuál será el texto a debatir el próximo 7 de marzo en el Congreso de los Diputados y, sobre todo, cuál será el redactado final de la nueva ley, los reunidos ayer en defensa del derecho a la vivienda cerraron el acto al grito de "¡Sí se puede!".