El Grupo Parlamentario Popular apoyó ayer la Proposición de ley, presentada en la Cámara balear por el Consell de Menorca, para la modificación de la disposición adicional novena de la Ley 7/2012 de 13 de junio de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, en lo referente al plazo máximo de un año para la aprobación de la Norma Territorial Transitoria que tramita la institución insular.
Esta iniciativa legislativa fue defendida y presentada ante el Pleno del Parlament por el conseller de Ordenación del Territorio del Consell Menorca, Cristóbal Huguet, y contó con el apoyo del diputado menorquín Antoni Camps, en nombre del Grupo Popular.
Camps señaló que la excepcionalidad de la norma y su complejidad ha provocado un retraso en el plazo que fija la ley y para argumentar dicha proposición recordó que la modificación del Plan Territorial Insular, la única que ha habido, se llevó a cabo en tres años, concretamente en 2006, y se pusieron a trabajar en los cambios justo después de la aprobación de forma definitiva del PTI el día 25 de abril de 2003."Es curioso que aquellos que tardaron tres años para modificar el PTI, califiquen ahora de fracaso el hecho de que la Norma Territorial transitoria no esté terminada dentro del año que preveía la ley 7/2012", dijo.
Por otro lado, destacó que en el propio redactado del actual Plan Territorial Insular, en su artículo 5.2b), a pesar de que destaca que la vigencia del Plan Territorial insular es indefinida, sí que deja muy claro que tendrá que ser objeto de revisión a los diez años después de la aprobación definitiva. Diez años que se cumplen exactamente en dos días. "Diez años donde el PTI se ha aplicado con toda su rigidez en Menorca, diez años en que se han demostrado las ineficiencias y contradicciones, y de aquí que ya hoy, en Menorca, sea un clamor la necesidad de modificar el PTI -lo pide como acabamos de escuchar incluso el portavoz menorquín del PSM- y de adaptarlo a las necesidades actuales", ha manifestado Camps. Durante su intervención, aseguró que el PTI se ha convertido en una herramienta estéril para la economía menorquina, sin capacidad de adaptación a las nuevas necesidades y circunstancias, con objeto de estimular y contribuir al crecimiento, en lugar de obstaculizar la creación de riqueza y la reactivación económica de la Isla.