La mayoría del PP en el Ayuntamiento de Alaior aprobará previsiblemente en el pleno de mañana las propuestas de resolución de los dos expediente disciplinarios abiertos a la secretaria del Consistorio, Luz Sanz Villarroya. Sobre la base de un nuevo informe externo encargado por el equipo de gobierno, dichas propuestas elevan la sanción inicial que planteó el instructor de los expedientes, Josep Miquel Vidal Jordi, funcionario de la Administración autonómica.
La suspensión de empleo y sueldo puede llegar ahora, si así lo aprueba el plenario, a 18 meses, seis por cada falta grave cometida, ya que el nuevo informe atribuye tres faltas graves a la secretaria en el ejercicio de sus funciones, en lugar de las dos computadas por el instructor del caso.
La existencia de este segundo informe, elaborado por un despacho de abogados de Madrid, fue comunicada el pasado lunes a los grupos de la oposición en una convocatoria extraordinaria de la Comisión Especial de Cuentas. En esa misma reunión, según declaró ayer el portavoz del PSOE, Pau Morlà, se explicó de manera sucinta el contenido del mismo y a preguntas de la oposición el equipo del PP informó del coste del informe, 3.000 euros.
"Estamos haciendo consultas, no sabemos si esto es legal o no, porque ya existe un informe de la Conselleria que se instruyó durante seis meses, con pruebas y testimonios, y una propuesta de resolución, y ahora se sacan este informe de la manga", manifestó Morlà. El socialista criticó asimismo el funcionamiento "improvisado, rápido y con falta de información" del equipo de gobierno en relación a "una medida tan drástica". Para el exalcalde, "se está juzgando a la secretaria dos veces, sin que pueda defenderse, porque nadie ha contestado sus alegaciones".
Aunque no acierta a conocer los motivos, el portavoz del PSOE, cree que se está llevando a cabo "una persecución" contra la funcionaria, que tiene la habilitación de carácter nacional y trabaja en el Ayuntamiento desde hace unos 30 años.
Los concejales de PSM-Verds y Esquerra de Menorca-Iniciativa per Alaior (EM-IA), Fanni Riudavets y Llorenç Pons, también mostraron su sorpresa por el encargo de este nuevo informe. "No sabíamos que se hacía, dábamos los expedientes por cerrados, ha sido muy repentino y esperamos obtener más información antes del pleno, queremos saber todo lo que hay en ese informe", afirmó Llorenç Pons Llabrés.
La edil del PSM criticó el gasto de dinero público en el pago de este informe "cuando ya se había hecho la instrucción de los expedientes por la Conselleria, no entiendo por qué no aceptan esa propuesta de resolución", señaló Riudavets.
Análisis
El informe encargado por el gobierno municipal, según ha podido conocer este diario, es muy duro con la actuación de Sanz y cuestiona en parte al instructor de los expedientes porque -apunta-, es benevolente en la sanción a aplicar pese a reconocer que la secretaria actuó "de mala fe", por ejemplo, en el caso del acta en la que no recogió la intervención de la concejala Juana Mari Pons.
"Con el debido respeto al criterio del instructor, consideramos que la totalidad de las faltas son muy graves, o al menos graves, pero en ningún caso leves ni inexistentes", reza parte del informe externo. Por ello, la totalidad de las faltas graves que atribuye a Sanz son tres, y en el caso del acta que no recogió la exposición de la concejala de Hacienda, insiste en que "no hay posible beneficio de la duda para quien ostenta un deber tan grave e importante como lo es la función de fe pública" que, recuerda el informe, solo la ostentan notarios, secretarios judiciales y precisamente, los secretarios de los ayuntamientos.
La actuación de la secretaria municipal "afecta a la seguridad jurídica depositada en dicha fe pública, apunta este informe, que también considera "evidente que el instructor ha eludido la acumulación de los expedientes disciplinarios abiertos hasta la fecha a la señora Sanz (...) ya que ello supondría la separación del servicio o suspensiones de funciones, entre otros", afirma. La sanción que propone dicho informe es de 11 meses y 15 días de suspensión de empleo y sueldo por cada falta.