El Consell ha contratado a una empresa externa para que investigue si en los antecedentes y el proceso judicial del caso Cesgarden se han cometido errores y en supuesto de que los haya, exigir responsabilidades políticas, técnicas, judiciales y económicas.
El encargo se realizó hace varios meses con el conocimiento de los partidos de la oposición PSOE y PSM, según informó ayer el conseller de Ordenación del Territorio Cristóbal Huguet. El Ejecutivo insular considera que en este caso existen demasiadas dudas e interrogantes que esclarecer, máxime cuando por medio hay una sentencia firme que obliga a pagar al Consell 16 millones de euros más intereses (que podría llegar a 44 millones) e hipoteca el futuro de Menorca.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) -convertida en firme por el Supremo- reconoce a Cesgarden esta millonaria indemnización por los perjuicios directos que le ocasionó el Plan Territorial Insular (PTI) al impedir la construcción en dos parcelas de Son Bou, de un hotel de cinco estrellas (con 728 plazas), y un centro hípico. La norma territorial desclasificó dichos terrenos como urbanos y los convirtió en zona de "esponjamiento", es decir, en espacios libres públicos.
Antecedentes dudosos
Huguet afirmó que existen "dudas e interrogantes" en los antecedentes del expediente del caso. Aseguró no entender por qué Siteme (la promotora a la que posteriormente Cesgarden compra las parcelas) no pudo llevar a cabo el centro hípico que pretendía en uno de estos dos solares sobre el que tenían una opción de compra. El Consell denegó la escuela a pesar de que un mes antes había concedido esta posibilidad al Ayuntamiento de Alaior.
Se da la circunstancia, según advirtió Huguet, de que el Consistorio, a través de un convenio con la propiedad fechado en 1997, tenía la mitad de la parcela en cuestión en compensación por aprovechamientos de la urbanización. El conseller recordó que Siteme ganó después el contencioso presentado, y no entiende por qué la institución insular "trató tan mal" este proyecto hípico.
Otro de los interrogantes que deberá responder el informe encargado la empresa externa es porqué razón no se incluyó a Siteme Cesgarden en las modificaciones del PTI que llevó a cabo el Consell en 2006. La norma cautelar del PTI prohibió la concesión de licencias en una serie de solares hoteleros. Las parcelas de Siteme no estaban incluidas en un principio en esta prohibición. Sin embargo, según el conseller, "debido a una gran presión social" terminan siendo incluidas y, por tanto, se prohibió levantar el hotel.
El conseller recordó que una vez aprobado el PTI, en 2003 se producen 49 contenciosos, al delimitarse algunos terrenos como zonas de reordenación o reconversión de territorio y otras de esponjamiento o espacios libres en los que no se podía construir. Explicó que el Consell se planteó entonces en 2006 introducir algunas modificaciones al PTI y negoció con los promotores de la mayoría de los proyectos urbanísticos previstos en estas zonas para reconducir la situación y no tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias. Aunque se inician negociaciones con Siteme Cesgarden, estas no terminan en acuerdo.
Huguet apuntó que el propio TSJIB en su sentencia sobre el caso Cesgarden no entiende cómo no se incluyó estas parcelas en la modificación del PTI y, por tanto, en las áreas de reconversión sabiendo que la reclamación de la promotora podrían ser millonaria.
Procedimiento judicial
Otros de los interrogantes y dudas se suceden en el procedimiento judicial del caso. Cristòbal Huguet no entiende la valoración que realiza el perito judicial para fijar la indemnización a Cesgarden en 16 millones de euros. Critica que no lo hace sobre el aprovechamiento urbanístico de la parcela, el lucro cesante, sino en función de un hotel ya construido y en explotación desde hace años. Tampoco entiende por qué la defensa del Consell no presentó una valoración alternativa en su momento y que el Tribunal tampoco lo solicitara.
El conseller también se muestra sorprendido por qué en su día, cuando en el proceso judicial se demuestra que una de las dos parcelas en cuestión no es propiedad de Cesgarden y que solo cuenta con una opción de compra, la defensa del Consell tampoco dice nada.
Huguet comenta que el abogado del Consell esperaba que el Tribunal resolviera este tema con un auto independiente a la sentencia, sin embargo no fue así, se dictó la sentencia y no hubo opción de plantear recurso alguno sobre este tema.
Críticas contra la actuación del abogado del Consell
El conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, se mostró muy crítico con la actuación del abogado del Consell en el caso Cesgarden, Luciano Parejo. "Le admiro y respeto como catedrático y gran profesor e innovador del Derecho Administrativo en lo relacionado con la Ordenación del Territorio y Urbanismo", remarcó, pero añadió, "otra cosa es la valoración que como clientes, como Consell, podemos hacer de él como nuestro abogado defensor. Tenemos muchos interrogantes en este procedimiento", advirtió.
Huguet también cuestionó que Parejo hiciera esta semana unas declaraciones públicas al "Menorca" sobre el caso Cesgarden sin antes consultar al Consell, a su cliente. "Está obligado al silencio profesional en relación a su defensa, pero dudamos de que él reconozca en el gobierno legítimo actual a sus clientes, por la forma y las manifestaciones que hace", espetó.
Huguet criticó especialmente que el abogado del Consell no cuestionara a su debido tiempo ante el TSJIB las dudas sobre la propiedad de las parcelas. "Cuando lo hace, lo hace tarde, y para mí, lo hace mal", aseveró.