Serpro Sport SL, la empresa de Manel Mercadal que desde 2004 gestionaba el servicio de la piscina cubierta de Ciutadella, incluye, dentro de su reclamación al Ayuntamiento por supuestas pérdidas y unas expectativas de beneficio que no quedaban, en todo caso, garantizadas en el contrato que suscribió como adjudicatario, un 6% de "beneficio industrial mínimo" hasta sobre las subvenciones que recibe del propio consistorio. Éste es, según Unió des Poble de Ciutadella, uno de los más claros ejemplos de la colección de despropósitos que se contiene en el escrito remitido por la empresa a la corporación el pasado 31 de mayo, donde cifra en 232.351,53 euros el perjuicio económico en el que, a su juicio, deber ser indemnizada por la "falta de diligencia" mostrada por la Administración al haber dejado transcurrir más de nueve meses desde la prórroga forzosa del servicio.
Mucho ha llovido desde los tiempos en los que el administrador único de Serpro Sport SL tenía menos problemas gracias a los generosos contratos otorgados por el Ayuntamiento y que no tardarían en caer bajo el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción. La situación ha cambiado y no poco. Primero, el equipo de gobierno le dejó claro que no iba a tragar con semejante dislate; ahora, ha sido UPCM quien ha presentado un escrito al Ayuntamiento solicitando diversa documentación para esclarecer algunos puntos oscuros de la gestión de Serpro Sport SL, cuyo administrador permanece hoy imputado en el llamado caso Citur por los supuestos favores recibidos durante el primer gobierno de Llorenç Brondo.
"Riesgo y ventura"
Para UPCM, que en las últimas horas ha tratado con profusión las eventualidades de la reclamación en su web oficial, el elemento nuclear de la cuestión, que soslaya intencionadamente Serpro Sport SL, es que el concesionario de las piscinas municipales explotaba el servicio a su "riesgo y ventura". Pasa por alto, pues, una cláusula fundamental en la relación contractual que mantenía con el Ayuntamiento, "ignorando deliberadamente que había aceptado al firmar el contrato que las eventuales pérdidas correrían a su cargo".
El partido de Joan Triay considera que el hecho que todas las cantidades reclamadas por Serpro Sport se basen en la cuenta de explotación de los años 2010, 2011 y 2012 "ya constituye por sí mismo la mejor prueba de la improcedencia de la reclamación, porque los resultados favorables o desfavorables de la cuenta de explotación son precisamente lo que el contrato estipula que va al 'riesgo y ventura' del adjudicatario". Recuerda, en este sentido, que "las empresas privadas de servicios públicos aceptan de antemano que asumen los riesgos propios de todo negocio, por lo que resultan extremadamente inauditos planteamientos como el de Serpro Sport, que pueden sintetizarse en que los beneficios son para la empresa, mientras intenta endosar cualquier eventual pérdida al Ayuntamiento e incluso pretende que la Administración tiene la obligación de asegurarle un beneficio 'mínimo' del 6% de los ingresos totales del servicio". Si la empresa no obtiene beneficios por sus propios medios, no tiene, en cambio, "el menor reparo", apunta UPCM, en reclamar que se le abonen por cuenta de los contribuyentes.
Tal es la "disparatada" y "simplona" fórmula de Serpro Sport: "beneficio 'mínimo' asegurado hasta el 6% de la facturación a costa del erario público en la medida en que no se alcance, es decir, a costa de la ciudadanía; si se obtiene un beneficio mayor, para Serpro Sport; en cualquier caso, riesgo cero".
"Desequilibrio financiero"
Por otro lado, UPCM califica en su escrito de "rotundamente falsa" la afirmación de que se haya producido un "desequilibrio financiero de las contraprestaciones" del Ayuntamiento, porque las subvenciones del consistorio al "Programa d'activitats de les Escoles Esportives Municipals" han aumentado "ininterrumpidamente" durante los tres últimos ejercicios, incrementándose desde los 224.797,35 euros de 2010 hasta la cifra de 285.300,26 en 2012. Además, mientras los ingresos totales de la piscina que van a riesgo y ventura del concesionario apenas han experimentado un ligero retroceso del 3,80% entre los años 2010 y 2012, las contraprestaciones del Ayuntamiento en forma de subvenciones al adjudicatario han aumentado –destaca UPCM- nada menos que en un 26,91%.
Por último, UPCM detecta también un "nulo rigor contable y lógico" por parte de Mercadal al imputar "arbitrariamente" un 10% de los ingresos a "gastos generales y de estructura" y, sobre todo, al llegar a considerar un "perjuicio" incluso el hecho de obtener un beneficio mayor del que él mismo reconoce haber obtenido (ejercicio 2010) o "la simple ausencia de los mismos (ejercicios 2011 y 2012, según los propios datos suministrados por el concesionario)". De acuerdo con los cálculos efectuados por Unió des Poble de Ciutadella, del total del importe reclamado (232.351 euros), 114.130 euros corresponderían a "simples expectativas de beneficios que el concesionario esperaba obtener y dice que no obtuvo".