El Consell Consultiu de Balears ha emitido un dictamen en el que avala la rescisión del contrato a la UTE que desde 2005 asume la concesión de los servicios funerarios en Ciutadella. La resolución, aprobada en la noche del miércoles y firmada ayer por su presidente Rafel Perera, será comunicada en las próximas horas al Ayuntamiento que, en base a ella, podrá incautar a las sociedades Funeraria Bonet y Edifincas Menorca la fianza que depositaron en el momento de formalizar el contrato.
El informe jurídico que el municipio le remitió en junio, previo acuerdo de pleno, ya advertía del «incumplimiento grave y culpable» en que habría incurrido el contratista». De hecho, se le imputan hasta 19 infracciones graves en materia sanitaria, confirmadas en enero de 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que le impuso una multa de 171.000 euros. Pero, además, se detectaron otras cuatro infracciones de carácter administrativo.
La UTE fue sancionada por practicar incineraciones y exhumaciones sin autorización, conducir restos cadavéricos sin permiso o incumplir la obligación de inscribir servicios en el registro de los dos cementerios municipales.
El dictamen del Consell Consultiu, que el lunes ya habrá tenido entrada en la institución, deberá ser refrendado por el pleno, a quien corresponde decidir cómo va a prestarse en adelante el servicio funerario en el municipio.
Ésta no es la primera vez en que una propuesta de rescisión del contrato a la funeraria llega a manos del Consell Consultiu. En 2010, bajo gobierno de la socialista Pilar Carbonero, ya se remitió un expediente en este sentido, pero caducó. Con anterioridad, el gobierno del PP presidido por Llorenç Brondo ya se había comprometido también a ello, pero olvidó llevar a cabo este trámite cuando su entonces socio JoanTriay (UPCM) decidió salirse del equipo de gobierno.
A la tercera
También el actual gobierno del PP prometió, nada más iniciarse el mandato, actuar en este mismo sentido, pero tardó en tramitar la rescisión. El concejal del área, Loren Coll, no avanzó el primer año por esta vía, lo que llevó al alcalde a mediar y comprometerse a reactivar el expediente.
Así, en junio se reinició el proceso. Se recabaron sendos informes de secretaría e intervención y se dio trámite a la concesionaria para que formulara las alegaciones que estimase oportunas.
El pronunciamiento definitivo del Consultiu era solo cuestión de meses.