El PSM ha calificado este jueves al procedimiento sancionador aplicado a los directores de instituto de Maó de ser «un acto abusivo, por la desproporcionalidad (se piden entre 10 y 15 días de sanción cuando ya hace seis meses que sufren una suspensión cautelar) y por el inconsistente fundamento de los hechos alegados», y por ello afirman que la consellera de Educación, Joana Maria Camps, «actuó conscientemente al margen de la ley, es decir que prevaricó».
La formación menorquinista ha defendido en un comunicado que «la única resolución válida de los expedientes era y es su anulación y la restitución de sueldo y funciones de los afectados».
Desde el PSM han reiterado que, a su entender, la apertura de los tres expedientes a los directores de Maó «fue absolutamente arbitraria y no cumplió con las garantías legales previas para el inicio de cualquier expediente disciplinario». Los menorquinistas van más allá y han reafirmado su convicción de que todo el proceso «es nulo».
Desde el PSM han considerado «absolutamente inaceptable» el argumento alegado por la consellera para fundamentar los expedientes, el no sometimiento a votación, o el voto negativo a la propuesta del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).
Los directores, ha defendido el PSM, actuaron de acuerdo con sus funciones, trasladando al órgano competente, el Consell Escolar, el debate sobre el TIL. Afirmar lo contrario, «es una auténtica aberración legal y educativa», han señalado.
Por último, la formación menorquinista entiende que lo que pretende el Govern con estos expedientes es «dirigir la voz y el voto de los directores y los docentes. Tanto con los expedientes como con la Ley de Símbolos, el PP pretende coartar la libertad de expresión cuando esta no está a su servicio», han concluido.