Desde mayo de 2011, fecha en la que se realizó la consolidación del tramo en el que se colocó el famoso ascensor panorámico, el Consorcio del Acantilado del Puerto de Maó no ha realizado ni una sola intervención en la pared que separa la ciudad de sus muelles. Desde hace algunos años el dinero que el organismo recibe del Govern, el Consell y el propio Consistorio, unos 600.000 euros al año, se destina íntegramente a la devolución de los préstamos contraídos para hacer frente a las voluminosas actuaciones de sus inicios (2002-2004), y que costaron más de 3 millones de euros.
A comienzos de 2013 se manifestó un intento por reflotar el Consorcio del Acantilado, pero lo único que se ha conseguido durante la presente legislatura ha sido poner al día con una aportación extra las cuotas de devolución de los créditos, que no se estaban efectuando de forma puntual, y el pago de los intereses correspondientes, así como formalizar cuestiones como el compromiso plurianual del Govern de hacerse cargo de su parte de los recibos que pasan los bancos. Los responsables del organismo tratan en estos momentos de renegociar estos mismos préstamos.
Mientras tanto, el acantilado espera. Ana Lía Noval, teniente de alcaldía de Urbanismo, asegura que el cantil «está mal», pero que es imposible contratar ninguna actuación de prevención porque una aportación de las administraciones implicadas que vaya más allá del pago de los préstamos se vislumbra como casi imposible, y más después, comenta la alcaldesa Águeda Reynés, de que al Consell le haya caído encima la indemnización por el caso Cesgarden.
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