La primera Ley del Suelo de Balears, que este martes aprobará el Parlament, aumenta el control sobre la disciplina urbanística y da potestad al Consell insular para paralizar «de forma inmediata» cualquier infracción en rústico que no haya sido detectada o haya consentido un municipio. Si los trabajos sin permiso afectan a otro tipo de suelo, el Consell deberá requerir primero al alcalde en cuestión y actuar solo si, transcurridos diez días, éste no lo hace.
Quienes no restablezcan la legalidad urbanística en plazo deberán pagar hasta doce multas mensuales cuyo importe será equivalente cada vez al 10 por ciento del valor total de las obras que hayan ejecutado sin licencia. El importe mínimo de estas sanciones ascenderá a 600 euros.
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