Ramón Verdú Navarro, el concejal del Partido Popular en Es Migjorn Gran sancionado por el Ayuntamiento por infracción urbanística, pagó en 2008, antes de convertirse en cargo público, casi 70.000 euros de multa por haber construido sin licencia una vivienda, un garaje y una piscina en un hortal del núcleo rural de Na Figuerenya.
La edificación, detectada por los inspectores municipales en septiembre de 1999, fue considerada como «no legalizable» al ser las obras «contrarias a las Normas Subsidiarias de Es Mercadal y Es Migjorn». Pese a ello, el hoy edil no tuvo que derribarla alegando que 'pactó' con el gobierno local entonces dirigido por el exalcalde popular Andreu Moll para no hacerlo.
«Tal como acordamos, el expediente se cerró con el pago de la multa. Así que ahora mismo no hay ninguna orden de demolición sobre la mesa que me obligue a nada», dijo ayer el concejal, quien cree que, «de todas formas, la infracción ha prescrito y quedaría amnistiada con la aplicación de la nueva Ley del Suelo que se acaba de aprobar».
Aunque el PSOE le ha acusado estos días de forma directa, en realidad quien constó en todo momento como promotora de las obras ilegales fue su pareja. Es por eso que Verdú deploró ayer las «afirmaciones tan malintencionadas» de los socialistas, que tratan de «desprestigiar la labor de la oposición con ataques personales hacia mi familia y mi compañera».
Pero estos ataques «son motivos más que suficientes para seguir aportando datos» a la denuncia cursada por el PP ante la Fiscalía, «unos hechos que afectan a obras públicas, personal en plantilla y licencias con informes técnicos desfavorables, nunca ataques personales en el marco del ejercicio del deber de controlar la acción de gobierno». En contra de lo realizado por el PSOE, «en ningún momento, ni yo ni mis compañeros del PP hemos atacado con hechos personales a los miembros del grupo socialista ni a sus familiares».
Gracias por su explicación sr. Abogado. El hecho de que el sr. Verdú esté en la actualidad "legalizado" no implica que moralmente no debería concurrir en las próximas, porque ya fue derrotado en las pasadas y porque no aporta la suficiente confianza de quien incumplió las normas urbanísticas aunque haya prescrito.