El alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Moll, afirmó en un pleno extraordinario con carácter urgente que buena parte de los hechos que los concejales del PP han denunciado ante la Fiscalía son habituales en el Ayuntamiento y obedecen a la lógica, «que se tiene que aplicar en el urbanismo». El primer edil explicó con detalle cada uno de los casos denunciados y recriminó al PP su actitud, cebándose con su portavoz Ramón Verdú por residir en un inmueble que fue declarado ilegal.
El propio Verdú, como portavoz popular, aseguró que la denuncia se justifica por el hecho de que el PSOE «ha despreciado el interés general» y que se podría haber evitado si el equipo de gobierno hubiera hecho caso a las advertencias que el propio PP les hizo, advertencias cuya existencia Moll negó. «Han maltratado a trabajadores por cuestiones personales, han dado licencias ilegales... ¿Qué interés general defendían con esto», señaló Verdú.
El pleno contó con la presencia de unas setenta personas, entre ellas los secretarios generales tanto del PP (Juanjo Pons) como del PSOE (Vicenç Tur). Pere Moll reprochó al PP haber denunciado a la Fiscalía la concesión de licencias con informes desfavorables cuando sus concejales han votado a favor de permisos en idénticas condiciones.
Acusan a Verdú de ser «el mayor infractor urbanístico de la historia del pueblo»
El PSOE se cebó durante el pleno con el portavoz del PP, Ramón Verdú, y el expediente urbanístico a su vivienda (está a nombre de su compañera) por el que pagó una sanción de 70.000 euros en 2008. Como epílogo de la sesión el alcalde Pere Moll aseguró que Verdú «ya ha pasado a la historia del pueblo como su mayor infractor urbanístico».
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si las licencias son un acto reglado en que el político solo puede aprobarlas si los informes son positivos y denegarlas si son negativos, agradecería a alguno de los muchos abogados que participan en este foro nos explique porqué pagamos a políticos para que concedan o denieguen dichas licencias... por qué pasan por comisión de gobierno? si su participación pasa por bendecir por imperativo legal lo que dicen los informes, entonces la celebración de dichas comisiones son una clara malversación de caudales públicos, ya que se demuestra que no sirven para nada.