El Govern de Jaume Matas pagó 3.000 euros al mes de dinero público para que la delegación menorquina de la Asociación Familiar de Baleares (AFA), una ONG representada en Menorca por el hoy diputado popular Antoni Camps, «gestionara» la página web de la entidad y difundiera contenidos antiabortistas, de defensa de la familia tradicional y que, en ocasiones, de boca de su delegado también revistieron cierto carácter homófobo.
Los pagos se efectuaron a la sociedad Ediciones Generales y Prensa CB, que habían constituido dos periodistas de la Isla pero cuyo NIF coincide también con el del Grupo Editorial Comunicación XXI, del que sí participaba Antoni Camps. Esta otra sociedad se encargó de suministrar las informaciones de Menorca a la Agencia Balear de Noticias (ABN), cuyos responsables (desde el entonces presidente Jaume Matas al jefe de comunicación, Antoni Martorell, y su director, Antoni Alemany) fueron condenados a penas de prisión por fraude, prevaricación, falsedad y malversación de fondos públicos.