La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ha decidido paralizar la campaña de presión en las sucursales del Grupo Banco Popular después de que la entidad haya accedido a cambiar el interlocutor para retomar la negociación colectiva en favor de las diez familias afectadas.
El grupo de activistas de la Plataforma ha llevado a cabo esta semana una campaña de presión para paralizar los procesos de la entidad contra las familias que no pueden pagar sus créditos hipotecarios. Además, solicitaban un nuevo interlocutor después de que la negociación quedara bloqueada. La Plataforma alerta de que en caso de que las negociaciones con el nuevo interlocutor no den sus frutos se retomarán las medidas de presión.
Denuncian represión
La Plataforma ha expresado en un comunicado su solidaridad con la compañera Sara Casero quien denunció públicamente en una carta dirigida al director insular de la Administración General del Estado, Javier López-Cerón, haber recibido notificaciones a causa de su presencia «destacada» en concentraciones no comunicadas.
El colectivo anuncia que «el intento de señalarnos o reprimirnos individualmente no acabará con las reivindicaciones y aún menos con las causas que las provocan». Y advierte de que su lucha no es «solo legítima» sino que a su vez es «un imperativo ético».