Desde febrero los tres directores expedientados de Maó acuden con periodicidad mensual a la Delegación de Educación para solicitar por escrito que se resuelva de una vez su caso. Cada documento obtiene la misma respuesta: el silencio. La Conselleria ni siquiera responde sus instancias. «Es su talante, saltarse las normas».
Margarita Seguí (IES Joan Ramis i Ramis), Jaume Bonet (IES Cap de Llevant) y Rafel Andreu (IES Pasqual Calbó i Caldés) están convencidos de que sus expedientes se están demorando de forma intencionada. «No quieren tener una sentencia en su contra en plenas elecciones». Y es que en cuanto se confirme la sanción propuesta por el instructor (diez días de suspensión en un caso, quince en los otros dos) los tres dejarán de acudir a la Delegación y se dirigirán a los juzgados para interponer una denuncia.
Dicen vivir «una ignominia», «una situación deplorable» y recuerdan que durante algunos meses imperaron «unas medidas cautelares desproporcionadas que repercutieron en los centros». Proclaman su inocencia, «no desobedecimos».
La suspensión supuso además una merma de su sueldo. En cuanto se cierren los expedientes Educación les deberá devolver, sumando los tres, unos 13.000 euros por la diferencia entre el tiempo que han estado apartados y el castigo propuesto.