La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca y otras 24 entidades o partidos políticos de la Isla se reunieron ayer con el delegado insular de la Administración General del Estado, Javier López-Cerón, para trasladar de forma unitaria el descontento por una sanción interpuesta a una integrante de la Plataforma por participar en un acto celebrado el 23 de septiembre delante de los juzgados de Maó.
Las organizaciones pretendían, con esta reunión, que no duró más de media hora, conocer si el Gobierno ha cambiado la actitud en cuanto a concentraciones que se celebran de forma espontánea. Tal como explica el abogado de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, ante este tipo de actos la Delegación del Gobierno remitía un formulario con las instrucciones sobre cómo solicitar una reunión o manifestación. No obstante, en esta ocasión se ha incoado un expediente sancionador a una integrante de la Plataforma por una «falta grave y por valor de 301 euros». Los más de 20 colectivos adheridos al descontento consideran que «hoy ha sido una integrante de la PAH, mañana podemos ser cualquiera de nosotros si ésta es la actitud del Gobierno». Y es que es la primera sanción que se produce en la Isla por estas circunstancias.
En este sentido, López-Cerón negó un cambio de actitud, aunque advirtió que la multa se ha interpuesto tras reiteradas participaciones de la expedientada en actos no autorizados y por tanto, tras infringir la ley. Además, indicó que se «ha actuado según lo marcado por ley, no ha sido una sanción arbitraria». Los convocados indican que López-Cerón no insinuó en ningún momento la intención de retirar el expediente.
El colectivo de afectados por la hipoteca niega, en su escrito de alegaciones, cualquier concentración.