El 'caso Cesgarden' terminó casi con el año 2014 su recorrido judicial. Un largo contencioso que ha durado una década y que ahora se cierra y no deja otra salida al Consell que cumplir una sentencia indemnizatoria de 28,8 millones de euros a la promotora. Desde que en 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Balears reconoció ese derecho al grupo mallorquín, que vio recortado el negocio hotelero que pensaba desarrollar en Son Bou, la institución ha utilizado todas las armas jurídicas a su alcance pero sin éxito.
Diversas voces de la abogacía analizan ahora un procedimiento en el que el Consell nunca pudo corregir la fallida estrategia inicial. «Se debe entender que el procedimiento legal tiene sus plazos y hay que acatarlos, el juez debe ser asesorado en temas especializados y si no se impugna una pericial o no se presenta una alternativa...», desliza uno de los letrados consultados por el MENORCA, apuntando directamente a la actuación del catedrático Luciano Parejo. «Yo creo que tiene responsabilidad, y si fuera el presidente del Consell y creyera que los derechos de la institución han sido conculcados, le pondría una denuncia para que un juez lo dirima», concluye.
Que la estrategia del Consell quedo corta, a estas alturas ya sabe todo el mundo, pero lo que no sabemos es porque. A mi lo que me interesa que sepan, quienes deben saberlo, es que no voy a contribuir a pagar un error público en el que yo ni entro ni salgo, por esta cantidad desorbitada a que nos referimos y por la desconsideración hacia el pueblo de Menorca que muestran quienes podrían hacer algo por arreglar ese error.