Las negociaciones entre el Consell y la UTE Antonio Gomila y Dragados, que ejecuta las obras de la carretera general en el tramo de Maó a Alaior, continúan, pero el departamento de Movilidad ha admitido parte de los sobrecostes alegados por la constructora, en concreto el relativo a servicios que afectan a la obra -cables de telefonía-, y este punto «ha sido desbloqueado», aseguró ayer el conseller Luis Alejandre.
Otros aspectos de la negociación siguen encallados y en manos de los técnicos, señaló, como es el relativo a la medición de tierras y sobre el cual todavía no hay ningún acuerdo.
Ambos puntos estarían incluidos en la relación de causas -recogidas en el pliego de licitación-, que debidamente justificadas por la empresa darían pie a un proyecto modificado que tendría que aprobarse y que elevaría el precio de la obra. En concreto por servicios afectados se estipula un 1,5 por ciento y por préstamos de tierras un 2 por ciento. Como máximo el contrato establece una desviación del 6,5 por ciento sobre el presupuesto inicial, que es de 7.574.238 euros (sin IVA).
La unión de empresas Antonio Gomila y Dragados solicitó el pasado 18 de diciembre al Consell renegociar al alza el precio del proyecto alegando una serie de sobrecostes sobre el presupuesto inicial. Reclamaba la tramitación de un proyecto modificado y la suspensión temporal de los trabajos en las zonas de la obra afectadas. Ahora el Consell y la UTE discuten los conceptos y ajustan el precio de la reforma.
verificaciones públicas, creo que si vas al ayuntamiento y pides de hacer una verificación total del coste de la obra, saldrías de ali mas escaldado que un pollastre, pecas de ingenuo