Hasta 350 infractores de las normas de tráfico, muchos de ellos reincidentes y con varios expedientes abiertos, han sido citados por la oficina de recaudación del Ayuntamiento de Maó para que comparezcan y afronten sus sanciones a través del Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB). En su sección de anuncios oficiales el boletín publicaba ayer los más de trescientos conductores que tienen denuncias de la Policía Local y que, después de los dos intentos de notificación reglados en sus domicilios, ha sido imposible localizarles, por lo que se les insta a acudir a las oficinas municipales.
Algunos de los conductores no localizados por la administración acumulan expedientes: trece es el número máximo de denuncias de uno de los infractores que repiten en el último listado del Ayuntamiento de Maó. La media es de seis expedientes en el grupo de los más multados, la mayoría particulares pero también una mercantil.
Una vez se produce la publicación del edicto los convocados en el BOIB tienen un plazo de quince días para acudir a la oficina de recaudación, darse por notificados y pagar la sanción o de lo contrario se inicia la vía de apremio que puede terminar con el embargo de una cuenta bancaria o, si la cantidad adeudada es elevada, incluso con el de un bien del sancionado.
Esta actuación ejecutiva y la posibilidad de que la multa se cargue en la cuenta corriente es lo que ha hecho cambiar la tendencia de una elevada morosidad en las multas impuestas por las policías locales, que muchos infractores acumulaban sin que se pudiera llegar al embargo.
En algunos casos del listado de la notificación en el boletín se trata efectivamente de conductores que no han podido ser localizados en su casa, otros optan por ignorar la comunicación y alargar el proceso, aunque finalmente, y a pesar de que la localización de domicilios puede ser ardua, la temida multa tarda pero acaba por llegar a la cuenta bancaria.
Pues que se lo pregunten a las cámaras.