La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contemplará sancionar al Consell insular si se demuestra que las filtraciones contaminantes en el vertedero de Milà corresponden a las obras de ampliación llevadas a cabo entre 2012 y 2013, «pero no tanto si los problemas de impermeabilidad proceden de las dos primeras fases (Milà I y Milà II)».
El Consell es, hasta ahora, la única instancia a la que se ha reclamado información, que luego será remitida a la oficina de la Comisión Europea para que decida al respecto.
«Si se demuestra que el origen está en las últimas obras, la Comisión Europea puede abrir un proceso de corrección financiera que, en un caso extremo, podría implicar la devolución total o parcial del dinero comprometido», en este caso, dos millones de euros.
No obstante, estas mismas fuentes ministeriales puntualizaron que «nos consta que el Consell está estudiando el tema y realizando catas más precisas para evaluar el alcance de la contaminación».
El último gran precedente de corrección financiera en España afectó a la Diputación de Orense, a quien se reclamó la devolución de diez millones de euros porque el centenar de depuradoras que construyó en otros tantos pueblos rurales «incumplió por completo el pliego de condiciones».
Mientras la UE y la Dirección de Fondos Comunitarios del Ministerio ponen su punto de mira en el Consell, la sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado pide cuentas a la Conselleria de Medio Ambiente del Govern. Aunque el fiscal asignado al caso, Antonio Merchán, dijo el martes a «Es Diari» que se ha solicitado información a todas las instancias que pueden arrojar luz sobre el tema.
La Fiscalía ha abierto un expediente por el que investiga de oficio un presunto delito ambiental en torno al vertedero de Milà y que, en principio, respeta la presunción de inocencia de los responsables de todas las administraciones implicadas.