La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha ordenado la admisión a trámite de la querella presentada por el farmacéutico menorquín, aunque residente en Palma. Cristóbal Pons Servera contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, el conseller de Salud, Martí Sansaloni, el director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente, y la secretaria general de la Conselleria Lucía Matías. El denunciante, que recurrió la inadmisión por parte de un juzgado de instrucción de Palma, considera que ha existido un delito de prevaricación en la paralización de los concursos de adjudicación de 32 farmacias ya autorizadas desde hace varios años.
El auto de la Audiencia Provincial estima que «no se puede descartar la naturaleza delictiva de los hechos», sobre todo ante la claridad de una sentencia de enero de 2014 relativa a la demanda de otro farmacéutico en una situación similar que obligó al Govern a convocar estos concursos en un plazo de seis meses. Por tanto, estima necesaria su investigación para esclarecer las responsabilidades penales. La sala entiende que el relato de lo acontecido del querellante «puede comportar una ilegalidad patente, grave, manifiesta y evidente», aunque no exista una acción en sí punible (motivo por el que fue rechazada la querella en primera instancia), sino más bien una omisión. «La falta de convocatoria del concurso equivale a una resolución», por lo que «no se está ante un mero retraso por parte de la Administración».
El mismo auto no pone reparos, incluso la recomienda, a «la dilación en la imputación de los posibles responsables» de los actos relevantes desde el punto de vista penal, en concreto hasta que se haya dilucidado mejor lo sucedido mediante una investigación previa, así como la toma de declaración a los implicados.
Es en este aspecto en el que la decisión de la Audiencia Provincial alcanza una mayor trascendencia política, puesto que se abre la puerta a una posible imputación del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, por un delito de prevaricación. Y cabe recordar que el mismo Bauzá estableció como criterio ineludible en el PP que todo imputado queda directamente excluído de cualquier lista electoral. Por tanto, las consecuencias políticas del desarrollo de la causa, en cuanto a que determine cuáles son los imputados, pueden ser muy significativas.
Cristóbal Pons Servera consiguió que entre 2009 y 2011 se autorizaran 32 nuevas farmacias en Balears. Una vez autorizadas, la Conselleria debe convocar un concurso de méritos para adjudicarlas, pero no existía un plazo legal para hacerlo. Estos concursos no se han llegado a convocar, a pesar de la insistencia de Pons Servera y la sentencia de enero de 2014. Esta circunstancia provocó la querella por parte del farmacéutico menorquín, ya que entiende que el bloqueo de la apertura de los nuevos establecimientos es intencionada, contraviene la ley de forma deliberada, y se debe a intereses de los políticos implicados. Cabe recordar que Bauzá tiene una farmacia en Marratxí, la pareja de Vicente también, y Sansaloni es farmacéutico de formación.
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